El escándalo de los audios: desde cuándo se conocerían las grabaciones y por qué apuntan al espionaje K
• Escándalo por audios de presuntas coimas en la ANDIS • Justicia investiga y Gobierno en estado de shock • Implicados: Karina Milei y Lule Menem • Críticas internas y posible extensión a otras provincias 🇦🇷



Un escándalo político se desató en Argentina tras la filtración de audios que sugieren presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), involucrando a figuras cercanas al Gobierno como Karina Milei y Lule Menem. La Justicia investiga la autenticidad de los audios, mientras el Gobierno y actores políticos intentan determinar quién grabó y difundió el material.
Los audios, atribuidos al exfuncionario Diego Spagnuolo, fueron revelados por el streaming Carnaval y ampliados por Página 12. La denuncia formal fue presentada por Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Kirchner, y quedó a cargo del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi. El Gobierno, sorprendido por la noticia, ha oscilado entre el silencio y defensas aisladas, como la del jefe de Gabinete Guillermo Francos, quien intentó preservar a los implicados.
Fuentes oficiales y opositoras coinciden en que el escándalo se discute desde marzo, pero la difusión pública se produjo recientemente, posiblemente vinculada al debate legislativo sobre fondos para discapacidad. El Gobierno vetó una ley que aumentaba los gastos en discapacidad, argumentando que el kirchnerismo había creado un circuito de corrupción con pensiones mal otorgadas. Sin embargo, la Cámara de Diputados revirtió el veto y la diputada Marcela Pagano, cercana a Milei, votó en contra, denunció corrupción y abandonó el bloque oficialista.
El desconcierto en el Gobierno es evidente, y algunos funcionarios temen que la difusión de audios se extienda a otras provincias, como Chaco, donde se mencionan irregularidades en dependencias oficiales. El caso se suma a una serie de tensiones políticas y judiciales, incluyendo disputas internas y fallidas designaciones judiciales. La falta de operadores judiciales y políticos ha sido señalada como una debilidad del Gobierno.
Mientras la investigación avanza, las repercusiones políticas continúan creciendo, y se prevé que el escándalo tenga consecuencias en otras jurisdicciones y en el debate público sobre la transparencia y la gestión estatal.
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