El gobierno de la provincia de Chaco, liderado por Leandro Zdero, enfrenta una sanción judicial sin precedentes: una multa diaria de casi 86 millones de pesos por incumplir una medida cautelar que ordenaba garantizar alimentos y agua potable al pueblo Wichí, ubicado en El Impenetrable chaqueño. La resolución fue dictada por el Juzgado Civil y Comercial N°6 de Resistencia, a cargo del juez Jorge Sinkovich, quien consideró que la administración provincial desobedeció durante más de cinco meses la orden judicial destinada a revertir la situación de extrema vulnerabilidad de las comunidades indígenas.

El monto de la multa se calculó en base a la Canasta Básica Alimentaria de julio y una población estimada de 20.000 personas, y deberá destinarse a las comunidades demandantes. "La medida dispuesta y el monto fijado se fundamentan en la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los pueblos originarios accionantes y a los fines de lograr el cumplimiento de la medida cautelar y por consiguiente la tutela judicial efectiva", explicó el magistrado en su fallo. Sinkovich recordó que el derecho a la vida y a la salud tienen jerarquía constitucional y están amparados por tratados internacionales de derechos humanos, lo que obliga al Estado a adoptar medidas positivas para su cumplimiento.

El reclamo por asistencia alimentaria y agua potable se inició en diciembre de 2024, cuando la Defensoría General Adjunta presentó una acción de amparo ante el Superior Tribunal de Justicia. En marzo de este año, el juez Sinkovich ordenó al gobierno provincial garantizar la provisión "continua, oportuna y adecuada" de agua y alimentos a las comunidades Wichí de Misión Nueva Pompeya, El Sauzalito, Fuerte Esperanza y otros parajes de El Impenetrable. Sin embargo, los informes oficiales y testimonios recabados en el territorio evidenciaron que la ayuda fue esporádica, insuficiente y limitada a ciertos puntos.

El gobierno chaqueño defendió su accionar, asegurando que las comunidades ya reciben asistencia y calificando la causa como "abstracta" y con un sesgo "mediático". No obstante, la Defensoría Adjunta y referentes del territorio alertaron que la crisis se agravó, con comedores escolares cerrados y distribución irregular de alimentos y agua potable. Ante la falta de respuesta y el incumplimiento de la cautelar, se solicitó la aplicación de sanciones económicas para forzar una respuesta efectiva.

La situación de las comunidades indígenas del Chaco, marcada por pobreza estructural y discriminación, se ha profundizado en el último tiempo. Desde 2007 rige una cautelar de la Corte Suprema en favor de pueblos originarios, aunque solo beneficia a la etnia Qom. El reclamo actual amplía la protección a los Wichí, quienes continúan esperando una solución efectiva. Se espera que el gobierno provincial apele la resolución, mientras la crisis humanitaria persiste y la justicia busca garantizar la tutela efectiva de los derechos básicos de las comunidades.