Hace 33 años, la muerte de Saúl Canessa, joven campeón argentino de ajedrez, marcó un hito en la denuncia de abusos policiales en la provincia de Buenos Aires. Canessa, de 23 años, fue detenido por la Policía Bonaerense en Mar del Plata bajo la acusación de estar ebrio, versión que fue desmentida por testigos y familiares. Tras su detención, Saúl fue golpeado y abandonado en un calabozo, sin recibir atención médica adecuada, lo que derivó en su fallecimiento tres días después.

La investigación reveló graves irregularidades: la autopsia detectó fractura de cráneo, lesiones hemorrágicas y quemaduras de cigarrillo, mientras que testigos aseguraron haber visto a policías agrediéndolo. La familia de Saúl, encabezada por su madre Mónica Comaschi, inició una incansable búsqueda de justicia que incluyó denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde el caso fue considerado delito de lesa humanidad por tortura seguida de muerte.

A pesar de la detención de varios oficiales y médicos vinculados al caso, ninguno de los policías fue condenado por el crimen. Solo el médico Héctor Pando recibió una pena de cuatro años de prisión por abandono de persona seguida de muerte. La madre de Saúl enfrentó amenazas, intervenciones telefónicas y hasta intentos de secuestro durante su lucha, que se extendió por más de tres décadas.

En 2006, Mónica llevó la denuncia ante la CIDH y, tras años de trámites, rechazó una solución amistosa con el Estado argentino, argumentando: "No pueden hacerme perder 30 años de mi vida". La persistente impunidad y la falta de respuestas judiciales motivaron a Mónica a plasmar su historia en el libro "El silencio después del jaque", que se publica este 11 de agosto como testimonio de resiliencia y denuncia.

El caso Canessa se inscribe en un contexto de reiteradas denuncias de violencia institucional en la provincia de Buenos Aires y expone las dificultades para obtener justicia en hechos de abuso policial. La lucha de Mónica Comaschi continúa como símbolo de resistencia y memoria, mientras el Estado argentino sigue señalado por organismos internacionales por la falta de condenas y reparación.