Una investigación judicial en curso ha puesto en evidencia el aumento de los sobornos pagados por narcotraficantes para facilitar el contrabando de drogas a través del aeropuerto internacional de Ezeiza, en Buenos Aires. Según los datos obtenidos por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y presentados en la Justicia en lo Penal Económico, el monto de las coimas por kilo de marihuana pasó de US$48 a más de US$70 durante el último año, coincidiendo con la sustitución de la AFIP por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la designación de nuevas autoridades en la Dirección General de Aduanas (DGA).

Los detalles de la operatoria fueron revelados a partir de mensajes telefónicos entre los principales acusados, Daniel Ferreiro y Leandro Santelia, quienes gestionaban envíos de marihuana desde Estados Unidos a Argentina, camuflados como "filtros de agua". Las comunicaciones muestran cómo los pagos se realizaban en dólares, pesos al dólar blue o mediante transferencias electrónicas, y cómo el incremento de los "peajes" generó quejas entre los involucrados. "Lamentablemente los números se fueron por las nubes, pero es lo único que hay por el momento", expresó Santelia en uno de los mensajes recuperados.

El cambio de autoridades en la Aduana, con la llegada de Gustavo Javier Araujo a la dirección de Ezeiza, coincidió con la implementación de nuevos operativos de seguridad y una eventual "guerra de couriers". En abril, un operativo de la División Prevencional de Narcotráfico de la DGA permitió el decomiso de 125 kilos de hachís, lo que derivó en escuchas telefónicas, allanamientos y la detención de varios sospechosos, entre ellos Leandro Santelia y su hermano Ángel, así como la captura internacional de Diego Santelia.

El fiscal Emilio Guerberoff sostiene que los implicados conocían los riesgos y las tarifas de soborno, y que la complicidad interna sigue siendo un problema estructural. "Abonaban USD 48 por kilogramo durante el 2024 y más de USD 70 durante el 2025, luego del cambio de autoridades de la aduana", detalló el fiscal en su dictamen. La investigación continúa para identificar a los funcionarios que recibieron los pagos y desarticular la red de complicidades que permite el tráfico de drogas por Ezeiza.

Este caso pone de relieve los desafíos persistentes en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción en los controles aduaneros, en un contexto de cambios institucionales y operativos que, por el momento, no han logrado erradicar el problema.