La investigación por la muerte de más de 50 pacientes a causa de fentanilo contaminado en Argentina ha dado un giro decisivo tras la realización de 19 allanamientos simultáneos en domicilios y empresas vinculadas al grupo HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. Los operativos, ordenados por el Juzgado Federal de La Plata a cargo de Ernesto Kreplak, se llevaron a cabo en la provincia de Buenos Aires, Rosario y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y permitieron el secuestro de armas sin registrar, documentación relevante y grandes cantidades de medicamentos que debían estar bajo resguardo judicial.

El caso, que conmocionó al país, involucra a la familia García Furfaro, propietaria de los laboratorios señalados como responsables de la producción y distribución del fentanilo adulterado. Según fuentes judiciales, la contaminación del fármaco con bacterias letales provocó al menos 52 muertes, principalmente en hospitales de Buenos Aires y Santa Fe. El Hospital Italiano de La Plata fue el primero en advertir la irregularidad, tras la muerte de 15 pacientes que recibieron el medicamento.

La investigación apunta no solo a la cadena de producción y distribución, sino también a una posible red de protección política y judicial que habría permitido el funcionamiento irregular de las empresas durante años. Se sospecha, además, de desvíos de drogas al mercado ilegal. Entre los elementos incautados figuran 29 palets de medicamentos, armas y soportes informáticos, así como documentación que podría ser clave para determinar responsabilidades.

Hasta el momento, no hay imputados ni detenidos, aunque la Justicia avanza en el análisis de pruebas y en la identificación de los responsables. El Ministerio de Salud de la Nación y la ANMAT han sido aceptados como querellantes en la causa, lo que refuerza el interés estatal en esclarecer los hechos y garantizar la protección de la salud pública.

Familiares de las víctimas, como Sol Francese, madre de un joven fallecido, reclaman justicia y mayor transparencia en la investigación. Por su parte, los acusados sostienen que son víctimas de una campaña de desprestigio y niegan las acusaciones. El caso ha puesto en evidencia la necesidad de fortalecer los controles sobre la industria farmacéutica y revisar los mecanismos de contratación pública, mientras la sociedad espera respuestas y eventuales sanciones penales para los responsables.