El juicio por la presunta estafa con planes sociales en Neuquén avanza hacia su desenlace, tras seis semanas de audiencias y más de 70 testigos. En la última jornada, los principales imputados, entre ellos Ricardo Soiza y Pablo Sánz, ofrecieron sus declaraciones finales, marcadas por críticas a la fiscalía y señalamientos de presiones políticas.

Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales, sostuvo que las órdenes para entregar cheques a punteros políticos provinieron directamente del entonces gobernador Omar Gutiérrez, en un intento por desactivar conflictos sociales durante la pandemia. "Así que por orden del gobernador se le entregaba los cheques a los grupos. Eran personas muy complicadas y delicadas y se les entregaba el sobre con los cheques y se les hacía firmar los recibos. Eso vino todo del gobernador", afirmó Soiza ante el tribunal. Además, denunció que la causa tiene motivaciones políticas y que la fiscalía responde al poder político de turno.

Por su parte, Pablo Sánz, exdirector de Fiscalización, declaró que actuó bajo presiones de sus superiores y que en el proceso judicial "faltan entre 30 y 40 personas que también deberían estar imputadas". Sánz relató el impacto personal del proceso, mencionando la pérdida de vínculos familiares y laborales, y criticó el uso de testimonios de "arrepentidos" en la causa.

El tribunal, integrado por Juan Kees, Juan Guaita y Luciano Hermosilla, estableció el cronograma de alegatos: la fiscalía presentará su caso el 4 de septiembre, mientras que las defensas lo harán el 8 y 9. El veredicto se espera para el 15 de septiembre. La causa involucra a 14 imputados, algunos bajo prisión domiciliaria, y se centra en el desvío de fondos públicos a través de cheques y extracciones en cajeros, con más de 9.300 hechos investigados entre 2020 y 2022.

El caso ha puesto en debate la transparencia y el control de los programas sociales en Neuquén, así como la relación entre el poder político y la justicia. Las declaraciones de los imputados abren interrogantes sobre la responsabilidad de jerarquías superiores y el alcance de la investigación. El desenlace del juicio podría tener implicancias significativas para la gestión pública y el sistema de asistencia social en la provincia.