Fabiola Yañez, ex primera dama de la Argentina, retiró la demanda civil que había iniciado en Madrid para regular la tenencia de su hijo Francisco, fruto de su relación con el expresidente Alberto Fernández. La decisión, confirmada por su abogada española Laura Escribá Crespo, se produjo a finales de octubre, cuando Yañez ya se encontraba residiendo en Buenos Aires. El procedimiento judicial en España buscaba fijar el centro de vida del niño y establecer un régimen de visitas para Fernández en caso de viajes a Europa.

La abogada explicó que la demanda perdió sentido tras la mudanza definitiva de Yañez a la Argentina y la escolarización de Francisco en Buenos Aires, lo que consolidó el cambio de residencia. "Desistió de las actuaciones, porque ya no tenían sentido si ella no reside en España", señaló Escribá Crespo. El expediente en Madrid se había demorado debido a la existencia de una causa penal por violencia de género abierta en Buenos Aires, lo que llevó a que el caso fuera derivado a un juzgado especializado en violencia de género en España.

El regreso de Yañez a la Argentina en septiembre fue sorpresivo incluso para su entorno cercano y sus abogados, quienes recibieron la noticia cuando ella ya estaba en vuelo. Tras su retorno, Yañez designó nueva representación legal en Buenos Aires y comenzó a negociar con Fernández los términos de la custodia y la cuota alimentaria. Entre sus reclamos figuran el alquiler de un departamento con amenities, servicio doméstico y la cobertura de la cuota escolar de su hijo durante 15 años. Actualmente, la justicia argentina ordenó una cuota alimentaria cercana a los seis millones de pesos mensuales, solventada con la jubilación de privilegio del expresidente.

Por su parte, Alberto Fernández ha cuestionado públicamente los reclamos de Yañez y negó las acusaciones de violencia de género, afirmando que "todo lo que dice es mentira y siempre termina con que lo que ella quiere es un departamento". Mientras tanto, la causa penal por violencia de género sigue en trámite en los tribunales de Comodoro Py, ahora bajo la órbita del juez Daniel Rafecas tras el apartamiento de Julián Ercolini.

El caso, que involucra aspectos legales, familiares y mediáticos, continúa generando debate público sobre la exposición de la vida privada de figuras políticas y las implicancias de los conflictos judiciales en el ámbito familiar.