El Estado nacional subastará en diciembre dos inmuebles ubicados en la ciudad de La Plata, en el marco del Plan de Desinversión en Activos Inmobiliarios impulsado por el gobierno de Javier Milei. La medida, que busca reducir el patrimonio público y recaudar fondos para el Tesoro Nacional, incluye un terreno de 1.200 metros cuadrados en el barrio La Loma y un edificio de tres plantas donde actualmente funciona una sucursal del supermercado Vea.

Según lo dispuesto por el decreto 575/2025, lo recaudado por estas operaciones ingresará directamente al Tesoro Nacional. La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) confirmó que la subasta del terreno, ubicado en la esquina de 30 y 39, se realizará el 1 de diciembre con una base de USD 238.991,60. El predio, sin construcciones y delimitado por un muro perimetral, se encuentra en una zona residencial próxima a importantes avenidas y al Estadio Único de La Plata.

Por su parte, el edificio de la calle 45 entre 2 y 3 será subastado el 22 de diciembre, con una base de USD 2.445.282,90. La propiedad, de uso mixto, alberga en su planta baja una sucursal del supermercado Vea y oficinas de la Delegación La Plata de la Dirección de Salud y Acción Social de la Armada. El inmueble cuenta con áreas administrativas, comedor, vestuarios y un estacionamiento con capacidad para 39 vehículos.

El grupo Cencosud, propietario de la marca Vea, planea desprenderse de algunos locales como parte de su estrategia para adquirir Carrefour. Esta operación se enmarca en un proceso más amplio de venta de activos estatales, que ya ha generado ingresos superiores a los 200 millones de dólares desde 2023 y prevé la subasta de más de 150 inmuebles en todo el país.

La política de desinversión ha generado críticas de sectores que advierten sobre la falta de control legislativo y la posible concentración de tierras en manos de grandes desarrolladores inmobiliarios. Organizaciones sociales y especialistas en urbanismo han señalado la necesidad de mayor transparencia y planificación en la desafectación de bienes públicos, así como el riesgo de que estas ventas no contribuyan a resolver el déficit habitacional.

El gobierno, por su parte, sostiene que la medida es necesaria para reducir el tamaño del Estado y obtener recursos para financiar obras públicas y programas prioritarios. El debate sobre el destino de los bienes públicos y el impacto de estas políticas continúa abierto en la sociedad argentina.