Un allanamiento realizado en la vivienda de Federico "Fred" Machado, empresario acusado de narcotráfico y lavado de dinero, reveló la existencia de un contrato firmado con el diputado nacional José Luis Espert por un monto de un millón de dólares. El documento, fechado el 7 de junio de 2019, fue hallado por la Policía Federal roto y con quemaduras, pero pudo ser reconstruido y confirmado por fuentes judiciales.

El contrato establece que Espert debía brindar asesoramiento integral para la refinanciación de deuda y la elaboración de un plan estratégico de crecimiento para la empresa Minas del Pueblo, propiedad de Machado. El acuerdo estipulaba un pago inicial de 100.000 dólares y nueve cuotas mensuales del mismo monto, totalizando un millón de dólares. La certificación de firmas fue realizada en Buenos Aires, y el documento incluye cláusulas sobre la forma de pago y la jurisdicción de tribunales en Nueva York para eventuales controversias.

La investigación judicial, iniciada por una denuncia del dirigente Juan Grabois, está a cargo del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, y el fiscal Fernando Domínguez. Espert admitió haber recibido 200.000 dólares de la empresa de Machado en 2020, pero negó que el pago estuviera vinculado a su campaña presidencial. Sin embargo, la documentación hallada contradice su versión y revela que Machado habría financiado vuelos privados y otros gastos logísticos durante la campaña de Espert, fondos que no fueron declarados oficialmente.

Machado, quien hasta hace poco cumplía prisión domiciliaria en Viedma, fue trasladado a un destacamento policial tras la decisión de la Corte Suprema de habilitar su extradición a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico, lavado de dinero y estafa. El Gobierno argentino debe confirmar formalmente la extradición, mientras la causa avanza y se evalúan nuevas pruebas sobre el origen y destino de los fondos involucrados.

El escándalo ha generado una crisis política para Espert, quien solicitó licencia como legislador y renunció a comisiones parlamentarias. La oposición exige explicaciones y la justicia continúa investigando posibles irregularidades en el financiamiento de campañas políticas. El caso pone en cuestión la transparencia y la legalidad de los vínculos entre dirigentes políticos y empresarios investigados por delitos graves, en un contexto de creciente escrutinio público sobre la relación entre política y dinero.