La exhibición de una supuesta deuda millonaria de la obra social IOMA con el Hospital Garrahan en las pantallas de la sala de espera del centro pediátrico generó una fuerte controversia entre el Gobierno nacional y la administración bonaerense. Según los datos difundidos, la cifra asciende a $5.709 millones, lo que provocó la inmediata reacción del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, quien calificó la información como "mentira absoluta" y acusó a las autoridades nacionales de difundir "fake news".

El vocero presidencial, Manuel Adorni, ratificó públicamente la existencia de la deuda y criticó duramente a la gestión de Axel Kicillof, señalando que "son datos que reflejan la absoluta hipocresía de quienes votaron la emergencia en discapacidad y marchan en nombre de la salud, mientras le deben plata a los hospitales que dicen defender". Adorni también mencionó que la provincia mantiene un pasivo de más de $425.000 millones con otros hospitales compartidos con Nación.

El conflicto se produce en un contexto de tensión creciente entre Nación y Provincia, marcado por la reciente aprobación y posterior veto presidencial de la Ley de Emergencia Pediátrica, que contemplaba mejoras salariales y garantías para el funcionamiento del Garrahan. En paralelo, el hospital enfrenta una crisis interna, con la renuncia de más de 245 profesionales y denuncias de desvío de fondos propios a inversiones, mientras los trabajadores reclaman recomposición salarial y mejores condiciones laborales.

La conducción del hospital anunció recientemente un bono para el personal asistencial y administrativo, argumentando una gestión eficiente que permitió sanear las cuentas. Sin embargo, sindicatos y trabajadores consideran que la medida es insuficiente y que no repara el daño causado por la pérdida de profesionales y el deterioro de la atención. "Este bono no soluciona nada: no reemplaza la recomposición salarial largamente reclamada; no repara la pérdida de 245 profesionales altamente capacitados y no borra el sufrimiento de los niños, niñas, adolescentes, sus familias ni del equipo de salud", expresaron desde el colectivo Equipo de Salud.

Las autoridades bonaerenses, por su parte, repudiaron el uso de las pantallas del hospital para difundir información que consideran política y ajena a la función asistencial, mientras desde el Ministerio de Salud provincial se insiste en que la cifra de la deuda es falsa y responde a una campaña de desprestigio. El conflicto expone las profundas diferencias entre los distintos niveles de gobierno y deja en evidencia la compleja situación financiera y laboral que atraviesa el Hospital Garrahan, uno de los principales centros pediátricos del país.

A medida que se acerca una nueva sesión en el Senado para tratar el rechazo al veto presidencial de la Ley de Emergencia Pediátrica, el futuro del hospital y la resolución de los conflictos salariales y financieros continúan siendo inciertos, con impacto directo en la atención de miles de niños y familias.