La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles la autorización solicitada por la Justicia para avanzar con medidas de prueba en la investigación contra el diputado José Luis Espert, quien es investigado por presunto lavado de dinero tras recibir una transferencia de 200.000 dólares del empresario Fred Machado, actualmente detenido y a la espera de extradición a Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

El pedido fue presentado por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, a instancias del fiscal Fernando Domínguez, en el marco de una causa iniciada por la denuncia del dirigente Juan Grabois. Mirabelli solicitó el levantamiento de los fueros parlamentarios de Espert para poder realizar allanamientos y secuestro de bienes, conforme lo establece la ley de fueros, que impide este tipo de medidas sin autorización de la Cámara.

La solicitud judicial ingresó al recinto durante una sesión especial, generando un intenso debate entre los legisladores. Algunos diputados reclamaron mayor información sobre los detalles de la investigación, mientras que otros propusieron realizar una sesión secreta para conocer los pormenores sin afectar el secreto de sumario. Finalmente, la mayoría decidió aprobar el pedido, aunque con la salvedad de que Espert no podrá ser detenido por el momento.

En paralelo, Espert presentó un pedido de licencia como diputado nacional, lo que desactivó la posibilidad de su expulsión inmediata del cuerpo legislativo. El legislador admitió haber recibido el dinero de Machado, aunque argumentó que fue en el marco de un contrato de asesoría económica para la empresa Minas del Pueblo, propiedad del empresario.

La causa cuenta con documentación aportada por la justicia estadounidense, incluyendo registros bancarios y contratos que vinculan a Espert con Machado. En un allanamiento realizado en la casa de Viedma donde Machado cumplía arresto domiciliario, la Policía Federal halló una copia del contrato por un millón de dólares entre ambos.

El caso se desarrolla en un contexto de alta tensión política, con la oposición reclamando mayor transparencia y algunos sectores pidiendo la expulsión de Espert. El oficialismo, por su parte, busca revertir la racha de derrotas parlamentarias y fortalecer la institucionalidad en medio de la crisis. La investigación continuará bajo secreto de sumario, mientras la Cámara de Diputados mantiene la facultad de autorizar nuevas medidas judiciales.