La Cámara Penal de Esquel, en la provincia de Chubut, anuló una condena por robo simple tras descubrir que el juez a cargo del caso, Carlos Rogelio Richeri, utilizó inteligencia artificial para redactar la sentencia. El fallo, dictado originalmente el 4 de junio de 2025, había impuesto a Raúl Amelio Payalef una pena de dos años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo. Sin embargo, una frase incrustada en el texto judicial —“Aquí tienes el punto IV reeditado, sin citas y listo para copiar y pegar”— reveló la intervención de un asistente digital, lo que motivó la revisión de la sentencia.

La Cámara, integrada por los jueces Carina Estefanía, Martín Zacchino y Hernán Dal Verme, resolvió anular de oficio la condena y el juicio, ordenando que el proceso se repita ante un magistrado distinto. Los camaristas señalaron que la evidencia del uso de IA generativa abre una brecha demasiado amplia para determinar cuánto del texto es atribuible al sistema y cuánto al juez, lo que colisiona con la prohibición de delegar decisiones judiciales a sistemas automáticos. Además, remarcaron que el magistrado no dejó constancia del uso de la herramienta ni del nivel de asistencia recibida, impidiendo controlar la trazabilidad del razonamiento judicial.

El tribunal advirtió que la omisión de registrar el uso de IA y lo solicitado al asistente impide verificar los fundamentos de la sentencia, equiparando la decisión a una respuesta dogmática o inmotivada. Por ello, se dispuso remitir las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia de Chubut, que deberá investigar el alcance de las consecuencias administrativas y disciplinarias derivadas del uso incorrecto de la IA.

El caso no revisa la culpabilidad de Payalef, sino la validez del procedimiento y la sentencia. Los jueces subrayaron la importancia de la transparencia, la supervisión humana y la protección de datos personales en el uso de tecnologías digitales en la justicia. El pronunciamiento encendió una luz de alerta sobre la confidencialidad y la necesidad de regular el uso de IA en procesos judiciales, en resguardo del acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva. El Superior Tribunal de Justicia deberá determinar las responsabilidades y posibles sanciones, mientras el debate sobre el rol de la inteligencia artificial en el sistema legal argentino continúa abierto.