El Gobierno argentino formalizó la apertura de la licitación nacional e internacional para la privatización de las cuatro represas hidroeléctricas del Comahue, ubicadas en las provincias de Neuquén y Río Negro. Mediante la Resolución 1200/2025, publicada en el Boletín Oficial, se estableció el cronograma y las condiciones para la transferencia del 100% de las acciones de las sociedades operadoras: Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.

El proceso, que se gestionará íntegramente a través de la plataforma digital CONTRAT.AR, prevé la presentación de ofertas hasta el 23 de octubre y la adjudicación antes del 31 de diciembre de 2025. El Estado espera recaudar hasta USD 500 millones y garantizar la transparencia mediante la tasación de los activos por un banco público y la supervisión técnica de ENARSA y CAMMESA.

Las nuevas concesiones, que tendrán una vigencia de 30 años, permitirán a los operadores privados comercializar libremente la energía generada en el mercado mayorista. Además, se incorporan modificaciones históricas reclamadas por las provincias de Neuquén y Río Negro, como la actualización de la base imponible para el cálculo de regalías, la posibilidad de percibir regalías en especie y la aplicación de un canon específico por el uso del agua. El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, calificó el acuerdo como "un hito histórico" y destacó que "lo que recaudamos por regalías hidroeléctricas lo vamos a multiplicar por tres".

El proceso excluye la participación de empresas públicas provinciales y municipales, asegurando que solo firmas privadas puedan competir. Los pliegos de concesión también contemplan obras obligatorias en seguridad de presas, medioambiente y operación, en respuesta a fallos judiciales y demandas locales.

La privatización de las represas del Comahue se enmarca en la segunda etapa de desinversión de ENARSA y responde a la necesidad de modernizar el esquema de explotación hidroeléctrica tras el vencimiento de los contratos originales en 2023. El Gobierno nacional sostiene que la medida busca atraer inversiones, mejorar la eficiencia y fortalecer el control provincial sobre los recursos hídricos. Las próximas semanas serán clave para definir el interés de los inversores y el impacto de las reformas acordadas.