La Justicia federal de Estados Unidos levantó el embargo sobre los fondos vinculados a la criptomoneda $LIBRA, permitiendo que Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures, disponga de cerca de 58 millones de dólares en USDC y transfiera estos activos a una billetera en Argentina. La decisión, firmada por la jueza Jennifer Rochon, revierte una orden previa que había congelado hasta 280 millones de dólares, medida que afectó a aproximadamente 75.000 inversores tras el colapso del token en febrero.

El fallo judicial habilita a Davis a transferir los fondos al proyecto "Viva la Libertad", vinculado a la promoción del presidente Javier Milei en redes sociales. Según expertos, Davis podrá mover hasta 20,8 millones de tokens $LIBRA por mes, aunque el valor de mercado de estos activos es actualmente casi nulo. La defensa de Davis argumentó que $LIBRA era una memecoin de carácter especulativo y que los inversores conocían los riesgos al adquirir estos tokens. Además, sostienen que no existen pruebas de fraude y que la acción busca demostrar buena fe ante la justicia argentina.

En paralelo, la justicia argentina investiga una compleja red de transacciones vinculadas a criptomonedas, con sospechas de pagos ilícitos y posibles vínculos con funcionarios públicos. El fiscal Eduardo Taiano mantiene abiertas hipótesis sobre fraude y cohecho, involucrando a figuras como el presidente Milei, su hermana Karina, y empresarios relacionados con el proyecto. Davis ofreció devolver los fondos bajo ciertas condiciones legales, buscando limpiar su imagen y extinguir la acción penal en Argentina.

El caso $LIBRA ha generado un intenso debate sobre la regulación y transparencia en el sector cripto, así como sobre la responsabilidad de figuras públicas en la promoción de proyectos financieros. Mientras la defensa de Davis celebra el fallo y critica la cobertura mediática, expertos advierten que la liquidez de $LIBRA es prácticamente nula, lo que pone en duda el impacto real de la transferencia. La comunidad cripto y los actores políticos siguen atentos a las implicaciones legales y económicas que puedan derivarse de este caso, que continúa bajo investigación en ambos países.