La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires condenó este lunes a los dos apoderados y a la directora médica del geriátrico Apart Los Incas, en el barrio de Belgrano, por la muerte de diez residentes durante un brote de COVID-19 en abril de 2020. El fallo, emitido por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°12, impuso penas de dos años de prisión condicional e inhabilitación para ejercer cargos en geriátricos a Hugo Visca, Luis Daniel Megyes y Carla Raffo. Además, deberán pagar una indemnización de cuatro millones de pesos por cada víctima a los familiares que reclamaron en la vía civil.

El tribunal, integrado por los jueces Juan Manuel Neumann, María Julia Correa y Norberto Circo, absolvió a otras tres personas: dos socias del geriátrico y una exfuncionaria porteña encargada de fiscalizar residencias. La sentencia fue recibida con críticas por parte de los familiares de las víctimas, quienes consideraron que las penas resultan insuficientes frente a la magnitud de la tragedia. "Un anciano que muere producto del abandono y la desidia vale 3500 dólares, es muy fuerte", expresó Sergio Federovisky, exfuncionario nacional y uno de los principales denunciantes del caso.

El brote de COVID-19 en Apart Los Incas afectó a 28 de los 33 residentes y a 10 de los 14 empleados, resultando en la muerte de diez adultos mayores. La investigación judicial reveló graves irregularidades en la gestión del geriátrico, como la falta de controles médicos básicos, historias clínicas desactualizadas y presión sobre el personal para que trabajara pese a presentar síntomas compatibles con el virus. Familiares denunciaron que durante el fin de semana más crítico, los responsables del establecimiento se ausentaron, dejando a los residentes al cuidado de personal no calificado.

Durante el juicio, la defensa de la directora médica argumentó que actuó de acuerdo al conocimiento disponible sobre el virus en ese momento y anunció que apelará la sentencia. Por su parte, los familiares de las víctimas también anticiparon que recurrirán el fallo, al considerar que no se hizo justicia plena. El caso, que marcó un punto de inflexión en la fiscalización de geriátricos en la ciudad, reavivó el debate sobre la responsabilidad de las instituciones y el Estado en la protección de los adultos mayores durante emergencias sanitarias.