La relación entre el presidente Javier Milei y los gobernadores provinciales se encuentra en un momento de tensión y expectativa, marcado por el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires y la proximidad de las elecciones legislativas del 26 de octubre. Tras la derrota del oficialismo nacional en territorio bonaerense, el Gobierno ha intentado recomponer el vínculo con los mandatarios, reinstaurando el Ministerio del Interior y convocando a reuniones como la del Consejo de Mayo en la Casa Rosada.

Sin embargo, la mayoría de los gobernadores ha manifestado su disposición al diálogo, pero coincide en que los acuerdos concretos deberán esperar hasta después de los comicios. "Siempre estuvimos dispuestos, cada vez que nos llamaron fuimos", afirmó Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa, mientras que Gustavo Sáenz, de Salta, advirtió que "el error más grande del Gobierno fue la soberbia" y cuestionó el centralismo de la gestión libertaria. Alberto Weretilneck, anfitrión de un reciente foro en Bariloche, sostuvo que "después de octubre podría haber menor tensión y mayor claridad sobre lo que expresen las urnas".

El ajuste fiscal implementado por Milei, con recortes inéditos en las transferencias automáticas y discrecionales a las provincias, ha generado malestar entre los mandatarios, quienes reclaman mayor equidad en la distribución de fondos y el cumplimiento de compromisos asumidos, especialmente en materia de obras públicas. El proyecto de presupuesto 2026 también ha sido objeto de críticas por parte de los gobernadores, que denuncian la falta de inclusión de obras prometidas y la persistencia de la discrecionalidad en el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

En paralelo, se han conformado bloques provinciales como "Provincias Unidas", que buscan fortalecer la posición de las provincias en el Congreso y marcar independencia frente a la Casa Rosada. Reuniones en Bariloche y Puerto Madryn han servido para consolidar estos espacios y enviar señales de autonomía política.

El respaldo financiero de Estados Unidos al Gobierno nacional está condicionado a la recomposición del vínculo político con los gobernadores y a la estabilidad en el Congreso. El Gobierno, comprometido internacionalmente, busca acelerar los acuerdos, pero enfrenta la resistencia de los mandatarios, que prefieren evitar una foto de consenso antes de las elecciones para no favorecer políticamente a Milei.

El futuro de la relación entre Nación y provincias dependerá del nuevo mapa legislativo y de la capacidad de negociación de ambas partes. Los gobernadores, por su parte, deberán decidir si se convierten en un bloque de resistencia o si optan por una negociación pragmática que les permita recuperar fondos y obras públicas, mientras el Presidente necesita respaldo territorial para garantizar la gobernabilidad.