Las universidades públicas argentinas se preparan para una nueva jornada de protesta nacional con la realización de la segunda Marcha Federal Universitaria y un paro docente de 48 horas, programados para el 26 y 27 de junio. La medida, impulsada por gremios docentes, autoridades universitarias y organizaciones estudiantiles, busca visibilizar la crítica situación presupuestaria y salarial que atraviesa el sistema universitario público.

El reclamo central es la urgente aprobación en el Congreso de la Ley de Financiamiento Universitario, un proyecto que cuenta con el respaldo de rectores, federaciones docentes y la representación estudiantil. La iniciativa propone elevar el presupuesto universitario al 1,5% del PBI y crear un fondo especial para carreras estratégicas, con actualización anual por inflación. Además, se exige la reapertura de paritarias y la restitución del Fondo de Incentivo Docente, eliminado el año pasado.

Durante la jornada del jueves, se realizarán marchas, clases abiertas y abrazos simbólicos en distintas ciudades del país. En Buenos Aires, la movilización principal partirá desde Plaza Houssay hacia el Palacio Sarmiento, sede de la Secretaría de Educación, en una marcha de antorchas. En Rosario, la Universidad Nacional de Rosario espera una convocatoria masiva similar a la de octubre pasado, cuando 100.000 personas se movilizaron en defensa de la educación pública.

El rector de la UNR, Franco Bartolacci, advirtió que "la situación es más compleja que el año pasado" y alertó sobre la pérdida de recursos humanos y la discontinuidad de líneas de investigación. Gremios docentes denuncian una pérdida salarial de hasta 45 puntos frente a la inflación y un recorte presupuestario del 88%, lo que ha provocado el éxodo de docentes e investigadores.

El conflicto se intensificó tras el veto presidencial a la ley de financiamiento en 2024 y el congelamiento presupuestario. En abril de ese año, una marcha federal reunió a más de 800.000 personas en Buenos Aires y 200.000 en el resto del país. Ahora, la comunidad universitaria busca reunir un millón de firmas para respaldar el proyecto de ley y presiona al Congreso para su tratamiento urgente.

Mientras tanto, algunos sectores gremiales expresan escepticismo respecto a la vía parlamentaria, recordando el fracaso del año anterior. Sin embargo, la mayoría de los actores involucrados coinciden en que la situación es crítica y que el futuro del sistema universitario, y del país, depende de una pronta solución.