El presidente Javier Milei rompió el silencio este martes respecto al escándalo de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que involucra a la droguería Suizo Argentina y a funcionarios de su gobierno. Milei compartió en sus redes sociales un comunicado de la empresa, la cual se encuentra bajo investigación judicial por supuestos pagos ilegales en la provisión de medicamentos al Estado.

En el comunicado, Suizo Argentina aseguró que desarrolla sus actividades de forma íntegra y transparente, y que tanto sus directivos como accionistas están a disposición de la Justicia y de los organismos de control para esclarecer los hechos. "En todo momento, y en particular frente a las circunstancias que son de público conocimiento, la empresa, sus directivos y accionistas se encuentran a derecho y a plena disposición de los organismos de contralor", afirmó la firma, que remarcó su compromiso con el país y la legalidad de sus operaciones.

El caso tomó relevancia tras la difusión de audios atribuidos al ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, quien denunció un esquema de coimas en la compra de medicamentos, mencionando a Karina Milei y otros funcionarios. Spagnuolo fue desplazado de su cargo y la Justicia le prohibió salir del país, al igual que a otros implicados, entre ellos directivos de Suizo Argentina. En allanamientos realizados en Nordelta, la policía secuestró US$266.000 y $7 millones en efectivo a miembros de la familia Kovalivker, accionistas de la empresa.

En Tucumán, el escándalo impactó en la campaña electoral. Legisladores como Ricardo Bussi pidieron la derogación de beneficios fiscales otorgados a Suizo Argentina durante la gestión de Juan Manzur, argumentando la necesidad de proteger los recursos públicos y la transparencia institucional. "Resulta inadmisible que una empresa bajo sospecha de corrupción siga gozando de beneficios fiscales en Tucumán", sostuvo Bussi. Por su parte, el gobernador Osvaldo Jaldo llamó a evitar el uso político del caso en medio del proceso electoral.

La empresa, que abastece a miles de farmacias y centros de salud en el NOA y NEA, mantiene contratos millonarios con organismos estatales y continúa operando mientras la investigación judicial avanza. El escándalo plantea interrogantes sobre la transparencia en la gestión pública y el impacto de las denuncias en el clima político y social, tanto a nivel local como nacional.