Una serie de allanamientos realizados en Rosario y Santa Fe puso al descubierto una presunta red de corrupción judicial con vínculos al narcotráfico, que involucra a jueces, escribanos y empresarios de alto perfil. La investigación, impulsada por fiscales de Rosario y las procuradurías especializadas PROCELAC y PROCUNAR, se centra en el exjuez federal Marcelo Bailaque, actualmente bajo prisión domiciliaria, acusado de prevaricato, extorsión, incumplimiento de los deberes de funcionario público, dádivas y lavado de activos.

Los operativos incluyeron el despacho del juez federal Gastón Salmain, varias propiedades del escribano Santiago Busaniche y una importante constructora de Rosario. Sin embargo, el allanamiento al despacho de Salmain fue suspendido a último momento debido a una filtración que comprometió el secreto de sumario. Según fuentes judiciales, la resolución fue publicada en un sitio web oficial y notificada a todas las fiscalías federales de Rosario, lo que anuló la confidencialidad requerida para el procedimiento.

La causa tomó impulso tras las declaraciones de dos arrepentidos: el financista Fernando Whpei y el exdirector de ARCA Santa Fe, Carlos Vaudagna. Ambos admitieron haber participado en maniobras para extorsionar al agente de bolsa Claudio Iglesias en 2019, mediante la creación de una causa falsa por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Iglesias declaró que le exigieron 200 mil dólares para desvincularlo de la investigación, de los cuales pagó 160 mil. Dos años después, la causa fue cerrada.

En el expediente también está imputado el abogado Guillermo Zenklusen. Las conversaciones encontradas en los teléfonos secuestrados a los implicados han sido clave para profundizar la investigación, que ahora busca determinar el alcance de la trama y la posible participación de más personas.

El Consejo de la Magistratura investiga posibles irregularidades en la designación de Salmain como juez federal en 2023, mientras que la Procuraduría de Lavado de Activos analiza el rol de la constructora Edeca, sospechada de haber realizado gestiones para favorecer al exjuez Bailaque a cambio de beneficios judiciales.

El caso ha generado preocupación sobre la transparencia y la independencia del Poder Judicial en la región, y se espera que las próximas semanas sean decisivas para esclarecer la magnitud de la red investigada.