El Estado argentino deberá indemnizar con 11.000 dólares, equivalentes a más de 14 millones de pesos, a Guillermo "El Concheto" Álvarez, uno de los asesinos múltiples más notorios de la historia criminal del país. La medida fue oficializada mediante un decreto firmado por el presidente Javier Milei y sus ministros, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La CIDH condenó al Estado argentino por violaciones a las garantías judiciales durante el proceso penal contra Álvarez en 1999. El organismo internacional determinó que se vulneraron derechos fundamentales como la presunción de inocencia, el acceso a una defensa adecuada y la posibilidad de recurrir la sentencia ante un tribunal superior. "La pena de prisión o reclusión perpetua ha sido considerada como sustituto de la pena de muerte, pero puede llegar a ser tan severa e indigna como la misma pena capital", señalaron los jueces internacionales en el fallo.

Guillermo Álvarez, apodado "El Concheto" por su origen acomodado, lideró en los años noventa la llamada "banda de los chicos bien", responsable de violentos asaltos y homicidios en la zona norte del conurbano bonaerense. En julio de 1996, Álvarez asesinó al empresario Bernardo Loitegui, al policía Fernando Aguirre y a la estudiante María Andrea Carballido, en hechos que conmocionaron a la sociedad argentina. Posteriormente, en prisión, fue condenado por el asesinato de otro recluso.

Durante el proceso judicial, Álvarez estuvo esposado de pies y manos y su defensa no tuvo oportunidad real de preparar el caso, según la CIDH. El fallo internacional ordena no solo el pago de la indemnización, sino también una revisión amplia de la condena y del proceso judicial.

La decisión ha generado controversia en la opinión pública, al tratarse de una reparación económica a favor de un condenado por múltiples homicidios. Sin embargo, el gobierno argentino acata la sentencia internacional, en el marco de los compromisos asumidos por el país en materia de derechos humanos. El caso reabre el debate sobre las garantías judiciales y el alcance de la justicia internacional en procesos penales locales.