El proceso judicial que definirá el futuro de Vicentin, la emblemática agroexportadora argentina, alcanzó una instancia decisiva tras más de cinco años de incertidumbre. El Grupo Grassi, corredora rosarina de cereales, anunció haber reunido la mayoría de avales de acreedores, superando el 70% de las cápitas y el 80% del capital verificado, y solicitó al juez Fabián Lorenzini la homologación judicial y la adjudicación de las acciones de la empresa.

La disputa por el control de Vicentin enfrentó a Grassi contra el consorcio Molinos Agro y Louis Dreyfus Company (LDC), ambos presentando propuestas de salvataje en el marco del proceso de cramdown, la última instancia antes de la quiebra. Molinos Agro y LDC también reclamaron haber alcanzado las mayorías requeridas, impugnando parte de los avales presentados por Grassi y alegando vínculos societarios y autovoto. La decisión final recae en el juzgado de Reconquista, donde el juez Lorenzini debe verificar la validez de los avales y resolver las impugnaciones antes de adjudicar la compañía.

El desenlace de este proceso judicial es crucial para el sector agroindustrial argentino. Vicentin, en default desde diciembre de 2019, acumuló deudas superiores a USD 1.300 millones y más de 1.700 acreedores, entre productores, cooperativas y bancos locales y extranjeros. El proceso evitó la quiebra y la posible pérdida de miles de empleos en el norte santafesino y el cordón industrial de Rosario.

Las propuestas de los grupos contendientes incluyeron compromisos de mantener la operatividad de la empresa y preservar los puestos de trabajo. Grassi prometió relanzar Vicentin y evitar despidos, mientras Molinos Agro y LDC ofrecieron pagos segmentados a los acreedores y la continuidad de los acuerdos operativos vigentes. Sin embargo, la controversia sobre la legitimidad de los avales y las impugnaciones presentadas mantiene la definición en suspenso.

El caso Vicentin ha estado marcado por giros judiciales, controversias políticas y una causa penal por presunto fraude contra exdirectivos. En 2020, el gobierno nacional intentó expropiar la empresa, generando protestas y rechazo social. La resolución judicial que se espera en los próximos días será determinante para el futuro de la compañía, sus trabajadores y el entramado productivo del sector agroexportador argentino.