El transporte público de San Miguel de Tucumán atraviesa una de sus crisis más profundas tras la suspensión de 150 choferes y el anuncio de un paro por parte de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). La medida, que afecta a 13 de las 14 líneas urbanas, fue decidida en asamblea por el gremio luego de que las empresas ratificaran las sanciones a los trabajadores, argumentando una baja en la circulación de pasajeros y dificultades económicas.

El secretario general de UTA, César González, confirmó que la decisión fue adoptada por el cuerpo de delegados y que la medida de fuerza podría extenderse si no se revocan las suspensiones. “No vamos a aceptar bajo ningún concepto la suspensión del personal. Sabemos que las empresas están en crisis, pero suspendiendo a los compañeros no van a solucionar sus problemas”, declaró González. El dirigente también señaló que el conflicto no es con la municipalidad ni con la provincia, sino directamente con los empresarios.

Por su parte, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán convocó a una mesa de diálogo para el viernes, con la participación de representantes del gremio, empresarios, el Concejo Deliberante y autoridades locales. La secretaria de Gobierno, Camila Giuliano, subrayó que el municipio no tiene injerencia directa en el conflicto, pero insistió en la necesidad de buscar una salida consensuada. “Es una cuestión laboral entre privados. El municipio apuesta al diálogo y a la inversión en el transporte, pero los empresarios también deben asumir su responsabilidad”, afirmó.

Mientras tanto, los usuarios del servicio expresaron su descontento por las demoras, el mal estado de las unidades y la falta de soluciones estructurales. “Siempre piden más plata y nunca hicieron nada. El gobierno les dio fondos y las unidades siguen igual o peor”, relató una pasajera habitual. Los empresarios, por su parte, insisten en la necesidad de un nuevo esquema tarifario y advierten que la crisis podría profundizarse si no hay respuestas estatales.

El conflicto se desarrolla en un contexto de crisis económica nacional y reducción de subsidios al transporte, lo que agrava la situación de un sistema que arrastra problemas de calidad y financiamiento desde hace años. La reunión prevista para el viernes será clave para definir el futuro del servicio y las condiciones laborales de los choferes.