Aerolíneas Argentinas ha logrado un hito histórico al anunciar que no requerirá fondos del Estado para operar en 2025, algo que no ocurría desde su estatización en 2008. Este logro se atribuye a un drástico plan de ajuste implementado por la empresa, que incluyó una reducción del 15% de su personal, la eliminación de 85 cargos jerárquicos y el cierre de 19 de sus 21 sucursales en el interior del país. Según la compañía, estas medidas permitieron alcanzar un superávit operativo de USD 20,2 millones y un resultado económico positivo de más de USD 150 millones en 2024.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, destacó que este saneamiento financiero es un paso necesario hacia una eventual privatización de la aerolínea. "El saneamiento de las empresas públicas es un paso necesario hacia su irremediable privatización", afirmó Adorni en una conferencia de prensa. Desde su estatización, Aerolíneas había recibido transferencias estatales por un total de USD 8.000 millones para cubrir déficits operativos, con un promedio anual de USD 400 millones.

La empresa también ha reconfigurado su red comercial, cerrando sucursales y enfocándose en la venta online, que ahora representa el 99% de los tickets emitidos. Además, se cancelaron rutas consideradas improductivas y se firmaron acuerdos con Iberia y LATAM para ampliar la conectividad internacional. En 2024, Aerolíneas transportó a más de 18 millones de pasajeros, destacándose los vuelos de cabotaje.

Este cambio se enmarca en las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei, que busca privatizar empresas públicas como parte de su programa de reformas. Aunque los gremios han mostrado resistencia, la conflictividad laboral ha disminuido en los últimos meses. Las cifras de superávit están siendo auditadas por la consultora internacional KPMG y se espera que sean oficializadas en los próximos meses.

El anuncio marca un punto de inflexión para Aerolíneas Argentinas, que proyecta un modelo de gestión autosustentable con foco en la eficiencia y la productividad. Sin embargo, la eventual privatización de la empresa requerirá la aprobación del Congreso, donde no hay consenso suficiente para avanzar en esa dirección. Este logro económico podría ser clave para definir el futuro de la aerolínea en un contexto de reformas estructurales.