El Ministerio de Capital Humano suspendió la Cooperativa de Trabajo Recuperadores del Sur Ltda., ubicada en la provincia de Buenos Aires, tras detectar graves irregularidades en el uso de fondos públicos y falta de transparencia en su administración. La decisión se tomó luego de una auditoría realizada por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), que reveló que la cooperativa, presidida por Héctor Eduardo Morillo, habría sido gestionada principalmente por miembros de su familia, quienes utilizaron recursos de la entidad para fines personales.

Según el comunicado oficial, los fondos de la cooperativa fueron destinados a gastos como estadías en centros turísticos, compra de ropa no laboral, bebidas alcohólicas, el seguro automotor de la hija del presidente y la adquisición de una motocicleta Honda 750, registrada exclusivamente a nombre de Morillo. Además, se detectaron transferencias millonarias desde la cuenta de la cooperativa a cuentas personales de Morillo y su hija, así como cobros de cheques por ventanilla sin documentación que justifique el destino del dinero.

La auditoría también puso en duda la cantidad de asociados y trabajadores de la cooperativa. Mientras que en actos públicos y redes sociales se mencionaba que la entidad contaba con más de 100 trabajadores, el Ministerio de Capital Humano desmintió esa cifra y señaló la falta de registros sobre los empleados que prestan el servicio. Esta inconsistencia generó cuestionamientos sobre el control y la transparencia en la gestión de la cooperativa.

El caso fue derivado al Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires para que adopte las medidas correspondientes. La cooperativa está vinculada a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCYR), lo que reavivó tensiones políticas por la cercanía de la entidad con figuras como el gobernador Axel Kicillof y el dirigente social Juan Grabois. Sin embargo, FACCYR negó vínculos directos de la cooperativa con su administración y se comprometió a colaborar con la regularización de la agrupación.

La suspensión de la cooperativa y la apertura del sumario administrativo se fundamentan en el artículo 2.º de la Ley 20.337, que regula el funcionamiento de las cooperativas y establece principios de ayuda mutua y esfuerzo conjunto. El Gobierno nacional enfatizó la importancia de garantizar condiciones laborales dignas y la transparencia en el manejo de fondos públicos, mientras que actores sociales y provinciales pidieron que la investigación no se utilice para atacar el sistema de reciclado con inclusión social. El desarrollo de la investigación y las medidas que adopte el Ministerio de Ambiente bonaerense serán clave para determinar el futuro de la cooperativa y el impacto en el sector de recicladores.