El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi decidió revocar la medida cautelar que mantenía inmovilizados todos los bienes de los principales imputados en el caso del criptoactivo $LIBRA, limitando el embargo a solo US$25.400 por un plazo de 90 días. Esta resolución, que beneficia directamente al estadounidense Hayden Davis, al exfuncionario de la Comisión Nacional de Valores Sergio Morales, y a los lobistas argentinos Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli, así como a familiares de estos últimos, fue tomada tras el aval explícito del fiscal federal Eduardo Taiano.

La decisión judicial se produjo luego de que las defensas técnicas de los imputados presentaran recursos argumentando que el embargo total era desproporcionado, ya que los reclamos fehacientes en el expediente sumaban apenas US$20.000. El fiscal Taiano coincidió con esta postura, señalando que, de acuerdo al avance de la investigación, no existían objeciones para reducir la medida cautelar. Así, el juez dispuso que el embargo se limite a US$25.400 y solo por 90 días, dejando sin efecto la prohibición de innovar sobre el resto de los bienes.

La resolución generó un fuerte malestar entre los querellantes, quienes aseguran que el fraude supera los US$5 millones y consideran insuficiente la protección judicial. "A nosotros nos deben más y Davis admitió que tenía más de 100 millones de dólares que eran de la Argentina, pero en el expediente lo embargan por el equivalente de un Toyota Corolla modelo 2019. Es ridículo", expresó uno de los abogados de los damnificados.

El caso también involucra a cambistas informales y tiene ramificaciones internacionales, ya que una jueza federal en Nueva York rechazó recientemente imponer restricciones adicionales a los movimientos de billeteras virtuales de los demandados, al no demostrarse riesgo de daño irreparable. Mientras tanto, la defensa de los imputados sostiene que las medidas previas afectaban de manera desproporcionada derechos constitucionales como la propiedad y la privacidad.

El caso $LIBRA sigue generando controversia y deja en evidencia la brecha entre los montos reclamados por los damnificados y los reconocidos por la justicia, en un contexto de creciente litigiosidad en torno a criptoactivos en Argentina.