Las intensas lluvias provocadas por la Tormenta de Santa Rosa han generado una crisis en la región pampeana y otras provincias argentinas, poniendo en riesgo la producción agrícola y evidenciando graves falencias en infraestructura. En Buenos Aires, más de un millón de hectáreas se encuentran anegadas, afectando directamente la producción de trigo y la vida rural, según datos de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP).

Productores de Roque Pérez relatan que desde mayo el 90% de los campos permanece bajo agua, lo que impide el acceso, la cosecha y el traslado de hacienda. "Hace tres meses que no podemos llegar al campo, olvidate que los chicos tengan escuela y no se puede sacar nada de los campos, ni cereal ni hacienda", expresó Ignacio Iturriaga, productor local. La situación se agrava por la falta de obras de drenaje y mantenimiento, especialmente en el Río Salado, donde las obras están paralizadas pese a la existencia de fondos recaudados por impuestos.

El puente de Salvador María y la Ruta 205 se han convertido en obstáculos para el escurrimiento de aguas, actuando como diques y agravando las inundaciones. "Ese puente actúa como un dique y frena toda la pasada del agua", explicó Iturriaga. La Bolsa de Comercio de Rosario informó que el trigo, que hasta la semana pasada presentaba una condición favorable, ahora enfrenta riesgos en zonas bajas y posibles complicaciones sanitarias. Además, la siembra de maíz temprano deberá esperar, ya que los lotes fertilizados podrían perder nutrientes por el exceso de agua.

En Mendoza, más de 100 personas fueron evacuadas y hubo daños por granizo en al menos seis provincias. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por lluvias que superaron los 100 mm en menos de 24 horas, con ráfagas de hasta 70 km/h en Buenos Aires. El fenómeno de la Tormenta de Santa Rosa, recurrente a fines de agosto, se ve potenciado por el cambio climático, que incrementa la frecuencia e intensidad de eventos extremos.

Confederaciones Rurales Argentinas advierten que la magnitud de la situación excede la coyuntura climática y evidencia la ausencia de un plan de infraestructura hídrica y vial acorde a la realidad productiva y social del interior. Especialistas en gestión de riesgos señalan la vulnerabilidad estructural de ciudades y economías locales ante estos eventos, subrayando la necesidad de adaptar infraestructuras y políticas públicas para mitigar futuros impactos.