El hallazgo de los restos de Diego Fernández Lima, desaparecido en 1984, ha conmocionado al barrio de Coghlan y reabierto un caso que permaneció sin resolver durante más de cuatro décadas. En mayo de 2025, obreros que trabajaban en una obra en Avenida Congreso encontraron huesos humanos enterrados a 60 centímetros de profundidad, junto a prendas y objetos personales. Tras un exhaustivo análisis del Equipo Argentino de Antropología Forense, se confirmó que los restos pertenecían a Fernández Lima, quien tenía 16 años al momento de su desaparición.

La investigación, liderada por el fiscal Martín López Perrando, identificó como principal sospechoso a Cristian Graf, excompañero de colegio de la víctima y habitante de la casa donde se hallaron los restos. "Está claro que Fernández Lima fue asesinado. No sabemos si solo hubo un asesino. La intención es reconstruir lo que pasó hace 41 años", señalaron fuentes judiciales. El cuerpo presentaba heridas de arma blanca y signos de intento de desmembramiento, lo que confirma una muerte violenta.

La familia Graf ha residido en la vivienda por más de 50 años. Actualmente, la madre y dos hijos, entre ellos Cristian, viven en el lugar. El entorno barrial se mantiene en silencio, y los vecinos evitan hablar del caso. "Nunca me imaginé algo así. Yo los veía como una familia tradicional", comentó un vecino a la prensa.

La desaparición de Diego fue inicialmente caratulada como "fuga de hogar" por la policía, lo que dificultó la investigación y generó frustración en la familia. "La policía dice que tiene 3000 casos iguales. Desde el primer momento lo caratularon 'fuga de hogar'. Yo protesté, pero fue como si nada", relató el padre de Diego años atrás.

El hermano de la víctima, Javier Fernández Lima, impulsa ahora una ley para evitar la prescripción en casos de desaparición y homicidio, inspirándose en la Ley Piazza. "Nunca lo duelamos... con un desaparecido no sabés nada, es incertidumbre, es dolor, un vacío en el alma", expresó Javier, quien busca justicia y respuestas definitivas.

Aunque la causa está prescripta y no habrá sanciones penales, la familia y el fiscal continúan investigando para esclarecer los hechos y conocer la verdad. El caso ha generado repercusión pública y renovado el debate sobre la prescripción de delitos graves en Argentina.