El hallazgo del cuerpo de Milagros Micaela Bastos, una joven de 22 años desaparecida desde fines de 2024, ha generado conmoción en la ciudad de Córdoba. El cadáver fue encontrado el pasado 5 de julio en el placard del departamento 3°B de la calle Buenos Aires al 300, propiedad de la familia Grasso. El descubrimiento se produjo cuando dos albañiles, alertados por un fuerte olor, notificaron a la policía, que ingresó al domicilio y encontró el cuerpo envuelto en mantas, atado con un cable y en avanzado estado de descomposición.

La víctima, que vivía en situación de calle y tenía antecedentes de consumo problemático de drogas, había sido reportada como desaparecida por su familia en noviembre de 2024. La identificación del cuerpo se logró mediante análisis de ADN forense, comparando muestras con familiares directos. La investigación, liderada por la Fiscalía de Córdoba, apunta a un posible femicidio y busca esclarecer las circunstancias exactas de la muerte, así como el vínculo entre Milagros y el principal sospechoso, Horacio Grasso.

Grasso, excomisario condenado a 27 años de prisión por el homicidio de Facundo Novillo Cancinos en 2007, cumplía prisión domiciliaria en el departamento donde se halló el cuerpo. Sin embargo, días antes del hallazgo, fue trasladado al Complejo Penitenciario de Bouwer por reiterados incumplimientos de las condiciones impuestas. Junto a él, su hermano Javier Grasso también fue imputado por el crimen.

El caso ha puesto en evidencia graves falencias en el sistema de control de prisión domiciliaria y la protección de personas en situación de vulnerabilidad. Testigos vecinales aportaron información sobre la relación entre Milagros y Grasso, y mencionaron haber escuchado gritos de mujer en el departamento meses antes del hallazgo. La familia de la víctima realizó movilizaciones y denuncias públicas para exigir su aparición y justicia.

La investigación continúa, con el foco puesto en determinar la causa de muerte, el contexto del crimen y la eventual responsabilidad penal de los imputados. El caso ha generado indignación social y reabre el debate sobre la seguridad, la violencia de género y la respuesta judicial ante situaciones de extrema vulnerabilidad.