El proceso de privatización de empresas estatales en Argentina, impulsado por el gobierno de Javier Milei, atraviesa una etapa de estancamiento y dificultades. A pesar de los anuncios y promesas, a mitad de mandato solo se ha concretado la venta parcial de Impsa, una empresa mendocina, sin que el Estado reciba ingresos directos por la operación. Los fondos obtenidos se destinarán a afrontar deudas y capitalizar la firma, lo que ha generado críticas sobre la efectividad de la gestión.

Empresas emblemáticas como Aerolíneas Argentinas, Banco Nación, Arsat, Correo Argentino y Transener continúan bajo control estatal, sin avances en su privatización o incorporación de capital privado. La licitación de la Ruta del Mercosur, que atraviesa Entre Ríos, ha sido objeto de múltiples anuncios, cancelaciones y modificaciones, sin resultados concretos hasta la fecha. En el sector energético, la venta de Transener, responsable de transportar más del 80% de la electricidad del país, permanece empantanada por falta de precio, modelo y plan definido.

El caso de AySA, la empresa de aguas, generó revuelo tras rumores de compra por parte de Mekorot, la estatal israelí, que luego desmintió cualquier interés en adquirir activos en el extranjero. El presidente de AySA, Alejo Maxit, asegura que empresas de Brasil y Chile han mostrado interés y promete concretar la venta en menos de tres meses, aunque persiste el escepticismo.

Las represas del Comahue y empresas como Intercargo y Belgrano Cargas tampoco han avanzado en sus procesos de privatización, enfrentando resistencia gremial, falta de marco normativo y problemas de gestión. El intento de vender Canal 7 y Radio Nacional, anunciado como prioritario por el gobierno, no ha tenido avances, y solo la venta de Cine.ar fue comunicada discretamente, sin impacto fiscal relevante.

El fracaso en la licitación para el almacenamiento de energía durante el verano obligó a la Secretaría de Energía a recurrir a Cammesa como garante, evidenciando dificultades para articular acuerdos con el sector privado. Empresarios y funcionarios consultados atribuyen los problemas a la falta de gestión, coordinación política y capacidad técnica, mientras la oposición en Diputados ha rechazado decretos clave, complicando aún más el panorama.

En comparación con el proceso de privatizaciones de los años 90, que generó miles de millones de dólares para el Estado, el actual gobierno enfrenta la posibilidad de recaudar apenas mil millones si lograra vender todos los activos, una cifra considerada simbólica. El futuro del proceso permanece incierto, marcado por la resistencia local, la falta de avances y la creciente desconfianza entre los actores involucrados.