La Fiscalía General solicitó cinco años de prisión para el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, en el marco del juicio oral por el caso Skanska, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción del kirchnerismo. Junto a De Vido, el pedido de condena alcanza al exsecretario de Obras Públicas, José López, y al exgerente general de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa, acusados de administración fraudulenta y cohecho pasivo en la adjudicación de obras públicas para la ampliación de los gasoductos Norte y Sur entre 2004 y 2006.

Durante los alegatos finales ante el Tribunal Oral Federal 4, el fiscal Abel Córdoba fundamentó su solicitud en pruebas reunidas a lo largo de tres audiencias, entre las que se destacan informes de la Sindicatura General de la Nación, registros telefónicos y correos internos de la empresa Skanska. Una grabación interna, producto de una auditoría de la propia compañía, fue validada como prueba clave: en ella, un directivo admitió el pago de sobornos y la existencia de facturación falsa para justificar los retornos ilegales.

La Fiscalía detalló que los contratos adjudicados superaron los 300 millones de pesos, con sobrecostos de hasta 125% respecto a los presupuestos técnicos. El mecanismo consistió en la manipulación de los procedimientos de selección y contratación, otorgando una legalidad simulada a adjudicaciones previamente acordadas. Se estableció un sistema cerrado de toma de decisiones entre la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Energía, Enargas y Nación Fideicomiso, coordinado desde el Ministerio de Planificación.

El proceso judicial estuvo marcado por dilaciones, nulidades de pruebas y maniobras procesales que postergaron la resolución durante casi veinte años. La Fiscalía pidió la absolución de 17 empresarios por falta de pruebas, mientras que para los principales acusados solicitó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de activos cautelados.

El caso Skanska es considerado paradigmático por la sofisticación del esquema de corrupción y la magnitud del daño al Estado. El avance del juicio es visto como un test de credibilidad institucional y un hito en la lucha contra la impunidad política en Argentina. La sociedad y los medios reclaman una justicia efectiva y condenas ejemplares para restaurar la confianza pública en las instituciones.