Un grupo de empresas fantasma fue procesado y embargado por la Justicia federal tras descubrirse un esquema de lavado de dinero vinculado a contratos millonarios para la limpieza de grafitis en escuelas públicas y vagones del subte en la Ciudad de Buenos Aires. La maniobra, que se desarrolló entre 2013 y 2018, consistía en la creación de sociedades a nombre de testaferros, que luego obtenían contratos con fondos públicos y transferían el dinero a través de una sociedad de bolsa.

La investigación comenzó en 2017, a partir de una denuncia de la ex AFIP contra Citepa SA y Varberg SA por evasión fiscal. Detrás de estas firmas se encontraban los hermanos Víctor Manuel, Víctor Enrique y Sergio Solmi, quienes, según la Justicia, operaban tras una red de testaferros y simulaban empleados y licitaciones. Los contratos, otorgados por Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) y el Ministerio de Educación porteño, presentaban sobreprecios de hasta 570% respecto al valor de mercado.

Entre 2014 y 2018, Citepa SA y Varberg SA depositaron más de 27 millones de pesos en cuentas de la sociedad de bolsa Servente y Cía SA, desde donde el dinero era retirado en efectivo o invertido en títulos públicos. El juez Sebastián Casanello procesó a los responsables de las empresas, a contadores y a directivos de la financiera, señalando que la sociedad de bolsa no cumplió con los controles exigidos para prevenir el lavado de activos.

Chats y documentos secuestrados revelaron la relación de los empresarios con funcionarios de SBASE, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ambiente porteño, quienes facilitaban las contrataciones. Sin embargo, la causa por corrupción con fondos públicos permanece archivada desde 2023, aunque la Cámara Federal dejó abierta la posibilidad de reabrirla si surgen nuevas pruebas.

El caso pone en evidencia las falencias en los mecanismos de control de las contrataciones estatales y la necesidad de fortalecer la transparencia en la gestión de fondos públicos. Las investigaciones continúan y podrían derivar en nuevas imputaciones si se reactivan las causas por corrupción.