El Gobierno nacional oficializó este martes una ampliación del Presupuesto 2025 mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), con el objetivo de reforzar áreas clave como salud, seguridad, subsidios y el pago de la deuda pública. La medida, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el presidente Javier Milei, responde a la emergencia económica vigente y busca garantizar la continuidad de servicios esenciales en un contexto de fuerte presión fiscal y social.

El DNU 425/2025 asigna recursos adicionales a hospitales de alta complejidad, como el Garrahan y El Cruce, para cubrir salarios, equipamiento, medicamentos e insumos médicos. También se incrementan los fondos destinados a la Agencia Nacional de Discapacidad, subsidios por hemofilia y pensiones no contributivas, así como a la ANSES para el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. En el ámbito educativo, se refuerzan partidas para salarios de docentes y no docentes de universidades nacionales.

En materia de seguridad y defensa, la normativa contempla aumentos en los haberes del personal de las fuerzas de seguridad y armadas, junto con un refuerzo presupuestario para jubilaciones y pensiones de estos sectores. El Ministerio de Economía, por su parte, recibe fondos adicionales para atender subsidios energéticos y la compensación tarifaria de la Zona Fría.

El decreto también introduce cambios en la administración de los excedentes de liquidez de los organismos públicos, que deberán ser invertidos en títulos públicos y letras del Tesoro, y establece un régimen de información mensual sobre el flujo de fondos y el estado de las inversiones. Además, prorroga por diez años las pensiones graciables y fija nuevas condiciones de acceso y compatibilidad para estos beneficios.

La decisión del Ejecutivo se fundamenta en la necesidad de asegurar una distribución razonable de los recursos estatales para evitar el colapso de servicios esenciales, en un contexto de emergencia económica, financiera y social que se extiende hasta diciembre de 2025. El DNU será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su tratamiento, conforme a la legislación vigente. La medida no ha generado, hasta el momento, reacciones públicas de la oposición o de los sectores afectados, según las fuentes consultadas.