El reciente cruce entre el presidente Javier Milei y la historiadora Camila Perochena ha puesto en el centro del debate público la interpretación del pasado argentino y el uso político de la historia. Todo comenzó durante una emisión televisiva en la que Perochena, doctora en historia e investigadora, cuestionó la afirmación oficialista de que Argentina fue una potencia mundial en 1910. Según la especialista, el alto ingreso per cápita de la época no implicaba necesariamente influencia global ni poder real en el concierto internacional.

La discusión se trasladó rápidamente a las redes sociales, donde el presidente Milei respondió con fuertes descalificaciones personales hacia la historiadora, acusándola de desconocer datos económicos históricos y utilizando términos agraviantes. "Patética: se jacta de saber historia y arranca negando un dato base. Si llega a revisar las series de Madison le colapsará el cerebro (resulta claro que lo tiene lleno de parásitos)", escribió el mandatario en su cuenta de X.

Perochena, por su parte, defendió su postura argumentando que "Argentina podía ser rica en 1910, pero eso no la convertía en potencia mundial" y subrayó que los historiadores no están para avalar mitos construidos por liderazgos políticos. Citó estudios y figuras históricas para respaldar su análisis, diferenciando entre riqueza y desarrollo, y señalando la desigualdad interna del país en ese período.

El episodio generó una ola de solidaridad con la historiadora desde sectores académicos, especialmente la Universidad Nacional de Rosario, que repudió los agravios presidenciales y defendió la libertad de expresión y el disenso democrático. Intelectuales y periodistas también se sumaron al debate, cuestionando el uso de las redes sociales por parte del presidente para confrontar opositores.

Este cruce se produce en un contexto de tensión por la gestión de museos y la reciente salida de Gabriel Di Meglio del Museo Histórico Nacional, lo que ha reavivado la discusión sobre el rol de la historia y la cultura en la Argentina actual. El gobierno, por su parte, sostiene la necesidad de "terminar con espacios de militancia disfrazados de cultura". El caso evidencia la persistente disputa sobre la interpretación del pasado y su impacto en la política contemporánea.