El Juzgado Federal de Campana dictó este lunes un fallo que sacudió el escenario político y social argentino: declaró la invalidez del veto presidencial de Javier Milei a la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad. La decisión, tomada por el juez Adrián González Charvay, responde a un amparo presentado por los padres de dos niños de 11 años, quienes vieron amenazado el acceso a sus tratamientos y educación debido al desfinanciamiento de las instituciones especializadas.

La Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso el 10 de julio, establecía un régimen integral para garantizar derechos fundamentales hasta diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga. El Poder Ejecutivo había vetado la norma, argumentando un impacto fiscal estimado entre el 0,22% y el 0,42% del PBI y la falta de fuentes de financiamiento específicas, en línea con el principio de equilibrio fiscal del Pacto de Mayo.

En su fallo, el juez González Charvay sostuvo que el veto presidencial constituye "un caso de clara discriminación a personas con discapacidad" y que "el derecho a la salud, educación y rehabilitación de niños con discapacidad debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias". Además, subrayó que la impugnación de la ley viola obligaciones internacionales de derechos humanos y perpetúa los recortes en el sistema de prestaciones básicas.

El magistrado destacó la doble vulnerabilidad de los menores involucrados, por ser niños y tener discapacidad, lo que exige una protección reforzada según la Constitución y tratados internacionales. El fallo se apoya en la reciente opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoce el derecho humano autónomo al cuidado y la responsabilidad estatal sobre personas en situación de dependencia.

La resolución judicial tiene efectos directos sobre el caso particular, pero abre la puerta a nuevos recursos de amparo y podría sentar un precedente en el control judicial de vetos presidenciales. El Gobierno, por su parte, anticipó que podría apelar la medida y continuar el debate en el Congreso, donde se requieren dos tercios de ambas cámaras para revertir el veto.

En paralelo, organizaciones sociales, padres y artistas como Gustavo Santaolalla convocaron a movilizaciones y vigilias en Plaza de Mayo y el Congreso, reclamando la protección de los derechos de las personas con discapacidad. El debate social se intensifica, con posturas enfrentadas sobre el financiamiento estatal y la prioridad de los derechos humanos, mientras la continuidad de los tratamientos y prestaciones esenciales sigue en riesgo.