Argentina logró dos importantes victorias judiciales en el litigio internacional por la expropiación de YPF, que enfrenta al país con los fondos Burford Capital y Eton Park. La Justicia de Irlanda rechazó el pedido de los demandantes para ejecutar la sentencia dictada por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que condenaba a la República Argentina al pago de más de 16.000 millones de dólares más intereses. La jueza Eileen Roberts fundamentó su decisión en la ausencia de activos argentinos embargables en Irlanda y la falta de beneficio práctico en replicar procesos ya abiertos en Estados Unidos y otras jurisdicciones.

Simultáneamente, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió suspender la orden de entrega del 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes, permitiendo que Argentina conserve el control de la petrolera estatal mientras se resuelven las apelaciones. El tribunal también aceptó la participación del gobierno de Estados Unidos como "amicus curiae", lo que podría fortalecer la posición argentina en el proceso. Las apelaciones clave se discutirán en septiembre y octubre de 2025, y la decisión final podría conocerse en 2026.

El litigio, iniciado tras la expropiación de YPF en 2012, ha sido objeto de múltiples intentos de ejecución internacional por parte de los fondos demandantes, que buscan presionar a Argentina en tribunales de Irlanda, Reino Unido, Francia, Luxemburgo, Australia, Canadá y Chipre. El gobierno argentino, bajo la gestión de Javier Milei, reafirmó su compromiso de defender los activos estratégicos y la soberanía nacional, destacando la solidez de la defensa técnica desplegada.

Especialistas y exfuncionarios subrayan la relevancia de la inmunidad soberana y la protección de los activos estatales, mientras que los demandantes critican las demoras y buscan alternativas para ejecutar la sentencia. El caso, considerado uno de los más grandes y complejos en la historia judicial internacional de Argentina, continúa generando debate político interno sobre la gestión y defensa de los intereses nacionales. Las próximas instancias judiciales serán decisivas para el futuro de YPF y la posición argentina frente a los reclamos internacionales.