El gobierno de Javier Milei formalizó el veto a la ley que modificaba la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una medida que ha profundizado la tensión con las provincias argentinas. La decisión, oficializada mediante el decreto 652/2025, fue justificada por el Ejecutivo como necesaria para mantener el equilibrio fiscal, en un contexto de ajuste y reducción de transferencias a los distritos.

En paralelo, la Casa Rosada inauguró la denominada "Mesa Federal", un espacio de diálogo con gobernadores, aunque la convocatoria inicial fue limitada a tres mandatarios aliados: Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). Durante el encuentro, los gobernadores plantearon la necesidad de una instancia de negociación que permita encontrar soluciones consensuadas ante la reducción de fondos y la urgencia de las provincias por recursos federales.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Lisandro Catalán (Interior) y Luis Caputo (Economía) encabezaron la reunión, en la que se discutieron también la reforma del impuesto a los combustibles líquidos y el próximo Presupuesto 2026. El Gobierno, sin embargo, evitó ampliar la convocatoria a gobernadores opositores, como Axel Kicillof, y priorizó el diálogo con quienes comparten su visión de país.

La reacción de los mandatarios no convocados fue crítica. Marcelo Orrego (San Juan) lamentó el veto al financiamiento universitario, mientras Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Gustavo Sáenz (Salta) reclamaron mayor apertura y diálogo con funcionarios con poder de decisión. El distanciamiento entre el Gobierno y las provincias se refleja también en el Congreso, donde el oficialismo ha perdido apoyo y enfrenta dificultades para sostener sus vetos y avanzar con reformas clave.

En este contexto, el Fondo Monetario Internacional reiteró su respaldo a la política fiscal de Milei y espera la presentación del Presupuesto 2026, que podría incluir novedades en materia cambiaria. El oficialismo apuesta a que la Mesa Federal permita recomponer alianzas y avanzar en reformas laboral y tributaria, aunque el camino legislativo se presenta complejo y el apoyo político es cada vez más limitado.