El Tribunal Oral Federal N° 5 ha reactivado la causa Hotesur-Los Sauces, que involucra a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo Kirchner. Este caso, que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita, había sido suspendido en 2021 pero fue reabierto tras un fallo de la Corte Suprema en diciembre de 2024.

La causa se centra en las empresas familiares Hotesur y Los Sauces, que habrían sido utilizadas como pantalla para justificar transferencias de dinero provenientes de contratistas del Estado, como Lázaro Báez. Según la hipótesis de la Fiscalía, los contratos de alquiler de hoteles y propiedades eran una forma de retorno por los beneficios obtenidos en contratos de obra pública durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

El tribunal, integrado por los jueces José Michilini, Nicolás Toselli y Adriana Palliotti, ordenó una serie de medidas de prueba, incluyendo peritajes contables y solicitudes de información sobre propiedades en Puerto Madero, Río Gallegos y El Calafate. También se investigan los servicios contratados y los ingresos de vehículos en propiedades vinculadas a la familia Kirchner.

El fiscal Diego Velasco ha impulsado estas medidas con el objetivo de avanzar hacia el juicio oral, que aún no tiene fecha definida. Entre los acusados se encuentran también los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, quienes habrían participado en las maniobras investigadas.

La causa está conectada con el caso Vialidad, en el que Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión por fraude al favorecer a Lázaro Báez en licitaciones de obra pública. Báez también fue condenado a seis años de prisión en ese caso.

La reactivación del caso Hotesur-Los Sauces ha generado reacciones divididas. Mientras algunos sectores lo ven como un avance en la lucha contra la corrupción, otros lo consideran una persecución política. La defensa de Cristina Kirchner sostiene que los contratos de alquiler eran legítimos y niega las acusaciones de lavado de dinero.

El tribunal también ha solicitado información sobre permisos de construcción y antecedentes de propiedades en Santa Cruz, así como sobre los titulares de servicios en departamentos de Puerto Madero. Estas medidas buscan esclarecer si los fondos utilizados en estas operaciones tienen origen ilícito.

La resolución del caso será clave para determinar la responsabilidad de los acusados y podría tener implicaciones significativas en el ámbito político y judicial de Argentina.