El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, ha iniciado una investigación formal sobre presuntas maniobras de extorsión y financiamiento irregular en las oficinas chaqueñas del PAMI y la ANSES, organismos clave en la administración pública. Según las denuncias, empleados de estas instituciones habrían sido presionados para entregar un porcentaje de sus salarios bajo amenaza de perder sus empleos. Además, se señala que las contrataciones en estos organismos priorizaban la afinidad política sobre las competencias profesionales de los postulantes.

El caso, que involucra a referentes del partido político La Libertad Avanza (LLA), ha generado un escándalo político y judicial. Las denuncias surgieron tras informes periodísticos y declaraciones de exfuncionarios como Viviana Aguirre, quien reveló un esquema de corrupción en PAMI. Aguirre afirmó haber sido forzada a pagar $1 millón para obtener un cargo directivo y denunció un sistema estructurado de desvío de fondos en el organismo.

El fiscal Sabadini ha solicitado medidas probatorias para verificar la autenticidad de las denuncias y documentos presentados. Entre las pruebas se encuentran planillas y transferencias bancarias que documentan los aportes exigidos. Según el fiscal, estas prácticas podrían constituir el delito de extorsión, tipificado en el artículo 168 del Código Penal Argentino.

El escándalo no se limita a Chaco. Casos similares se reportan en Misiones, Santa Cruz y La Pampa, donde también se investigan desvíos de fondos y licitaciones irregulares. En Misiones, por ejemplo, se acusa a dirigentes locales de retener el 10% de los salarios de empleados de PAMI y ANSES para financiar actividades partidarias. En Santa Cruz, un exfuncionario denunció haber sido presionado para exigir aportes a una médica.

Este caso ocurre en un contexto de tensiones internas dentro de LLA, con facciones lideradas por Karina Milei y Santiago Caputo enfrentándose por el control del partido. Estas divisiones internas agravan la crisis y podrían influir en las elecciones legislativas de mayo y las nacionales de octubre.

Desde LLA, las acusaciones han sido negadas, calificándolas como aportes voluntarios para el sostenimiento del partido. Sin embargo, las investigaciones en curso y la cobertura mediática han amplificado el alcance del escándalo, generando un debate nacional sobre la ética en la política y el uso de recursos estatales para fines partidarios.

El desenlace de este caso podría tener implicaciones significativas para la credibilidad y el futuro político de La Libertad Avanza, especialmente en un año electoral clave.