El Estado argentino deberá indemnizar con 11.000 dólares a Guillermo Antonio "El Concheto" Álvarez, condenado por múltiples homicidios cometidos en la década de 1990, tras un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que determinó graves violaciones a sus garantías judiciales durante el proceso penal. La decisión, oficializada mediante el Decreto 577/2025 y publicada en el Boletín Oficial, responde a la sentencia internacional que consideró que Álvarez no contó con una defensa adecuada, estuvo esposado durante el juicio y no pudo recurrir la condena ante un tribunal superior.

Álvarez, conocido por liderar la "banda de los niños bien" y por su perfil de alto impacto mediático, fue detenido en Acassuso en 1996 y condenado por el asesinato de un empresario, un policía y una joven durante un asalto en el pub Company, en Belgrano. A pesar de haber obtenido la libertad condicional en 2015, reincidió en delitos y volvió a prisión, donde permanece en el penal de Devoto. En la cárcel, se recibió de abogado y participó en negociaciones durante el motín de 2020.

El fallo de la CIDH, emitido en noviembre de 2023, ordenó al Estado argentino revisar la sentencia dictada en 1999 y pagar una indemnización por daños materiales e inmateriales. "Argentina es responsable internacionalmente por violar los derechos al debido proceso legal y a la protección judicial de una persona sometida a un proceso penal", expresó el organismo en su comunicado. El monto, fijado en equidad, incluye 1.000 dólares por daño material y 10.000 por daño inmaterial.

La medida, que involucra la intervención de los ministerios de Justicia, Economía y Relaciones Exteriores, generó controversia en la opinión pública por el perfil del beneficiario. Sin embargo, el Gobierno nacional acata el fallo internacional, que sienta precedente sobre la importancia de respetar las garantías judiciales y los derechos humanos en los procesos penales. El caso de Álvarez es citado como referencia en otros juicios con cuestionamientos a la defensa legal y podría influir en futuras estrategias judiciales.

La decisión de la CIDH subraya que la prisión perpetua, sin garantías adecuadas, puede ser tan severa como la pena de muerte, y exige al Estado argentino una revisión amplia de la condena y el pago de la indemnización en el plazo de un año. El caso reabre el debate sobre el equilibrio entre justicia penal y derechos humanos en Argentina.