La Unidad de Información Financiera (UIF) presentó una denuncia penal tras detectar la filtración de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) que involucra a la empresa Zefico SA, vinculada al asesor presidencial Santiago Caputo. El reporte, que por ley debe permanecer secreto, fue divulgado en un medio nacional, lo que motivó la intervención del organismo dirigido por Paul Starc.

Según la denuncia, Zefico SA recibió entre abril y junio de 2025 dos transferencias por un total de 800 mil dólares, realizadas por los hijos de Pablo Costa, fundador de la empresa y amigo de la familia Caputo. El origen de los fondos fue justificado como donaciones familiares, pero las explicaciones no convencieron al banco, que activó una alerta y reportó la operación a la UIF. La madre de Costa, María, presentó una declaración jurada de 2023 en la que constaba el dinero como efectivo en su patrimonio, aunque una declaración anterior mostraba patrimonio en cero, lo que generó dudas sobre la procedencia de los fondos.

El dinero fue transferido desde Zefico a dos sociedades: Netafim Argentina SA, dedicada al riego agrícola, y Tonka SA, vinculada a la industria del gas, bajo la figura de un mutuo, es decir, un préstamo de los socios a la empresa. Zefico comparte dirección con la escribanía de los Caputo en Avenida Santa Fe 1385, Buenos Aires, y fue constituida por el escribano José Mangone, también vinculado a la consultora Anker, de Luis Caputo y Santiago Bausili. La escribana que certificó las donaciones fue Inés Caputo, tía de Santiago.

La UIF, tras constatar la filtración, instruyó a la Dirección de Tecnología para investigar el acceso al sistema, sin hallar irregularidades internas. El organismo sospecha que la filtración provino del sujeto obligado que realizó el ROS. "Sucesos como los aquí descriptos, además de violar la ley, dañan la confiabilidad del sistema de reportes, con el que se busca proteger la integridad institucional en materia de lucha contra el lavado de activos", expresó Starc en la denuncia.

Hasta el momento, ni Santiago Caputo ni Pablo Costa han respondido a las consultas periodísticas sobre el origen de los fondos ni sobre el funcionamiento de Zefico. El caso se da en un contexto de alta sensibilidad política y pone en cuestión la transparencia y los controles sobre movimientos financieros de figuras cercanas al poder. La UIF deberá decidir si corresponde una denuncia judicial o una investigación internacional, mientras el caso sigue generando repercusiones en el ámbito político y financiero argentino.