La Justicia argentina avanza en la investigación del caso $LIBRA, un presunto esquema de estafa y lavado de dinero vinculado al lanzamiento de la criptomoneda homónima. El fiscal federal Eduardo Taiano detectó transferencias de criptomonedas por casi un millón de dólares recibidas por los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, días antes de que estallara el escándalo. Según la investigación, estos fondos habrían sido pagos indirectos a funcionarios públicos, realizados antes del 14 de febrero de 2025, cuando el presidente Javier Milei promocionó la criptomoneda en redes sociales.

El dictamen fiscal señala que el 4 de febrero de 2025, Novelli y Terrones Godoy recibieron $695.990 en USDT, una stablecoin vinculada al dólar, en una billetera copropiedad de ambos. Ese mismo día, Novelli abrió dos cajas de seguridad en una sucursal del Banco Galicia, y tras el colapso de $LIBRA, familiares suyos retiraron dinero en efectivo. La fiscalía rastreó movimientos de fondos entre varias billeteras y plataformas de intercambio, como Bitget, OKX y Bybit, y detectó que los activos fueron rápidamente convertidos de USDT a Ethereum, dificultando el congelamiento judicial.

La jueza federal María Servini ordenó el congelamiento de criptoactivos por más de $323.000 en USDT, alojados en dos direcciones virtuales identificadas en la causa. Para asegurar los fondos en el extranjero, se libró un exhorto internacional a las autoridades de El Salvador y se solicitó la cooperación de Tether International, empresa emisora de USDT, que confirmó haber efectivizado el congelamiento. La investigación se inició en febrero de 2025 y procura establecer las circunstancias que rodearon la creación y lanzamiento de $LIBRA, así como la participación de los imputados, entre los que figuran el presidente Javier Milei y su hermana Karina.

Las maniobras investigadas se remontan a enero de 2024, con visitas de Novelli y Terrones Godoy a la Casa Rosada y la quinta de Olivos. Expertos informáticos colaboran en el rastreo de fondos, y la fiscalía advierte sobre el riesgo de que los activos sean convertidos o movidos para evitar el decomiso. El caso genera preocupación por la dificultad de recuperar fondos convertidos a Ethereum, dada la ausencia de una autoridad central que permita su congelamiento. La investigación continúa y se espera que las medidas cautelares permitan avanzar en el recupero de activos ilícitos y el esclarecimiento de responsabilidades.