La controversia por la reimpresión de boletas electorales en la provincia de Buenos Aires se intensificó tras la renuncia de José Luis Espert como candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA). El partido solicitó que Diego Santilli lo reemplace y que se reimpriman las boletas únicas de papel, lo que generó un debate institucional, logístico y económico de gran magnitud.

La Justicia Electoral, encabezada por el juez Alejo Ramos Padilla, pidió al Gobierno nacional que informe el costo de la reimpresión, la disponibilidad presupuestaria y los plazos necesarios para concretar el proceso. El Ministerio del Interior, a cargo de Lisandro Catalán, deberá responder antes del 8 de octubre, mientras que el Correo Oficial y la Secretaría de la Junta Electoral deben detallar el estado y distribución del material ya impreso.

El costo estimado de la reimpresión oscila entre 10 y 15 mil millones de pesos, lo que generó fuertes objeciones de diversos sectores políticos. "Esperemos que el juzgado electoral rechace cualquier intento de reimprimir boletas que están oficializadas", expresó Jorge Taiana, candidato de Fuerza Patria, quien advirtió que el gasto podría financiar servicios públicos como el Hospital Garrahan. Otros dirigentes, como Jimena López y Sebastián Galmarini, también criticaron el gasto y la falta de tiempo para una nueva impresión.

El Gobierno argumenta que la reimpresión es necesaria para preservar la paridad de género y la transparencia electoral, citando el artículo 7° del Decreto 171/2019 y el Código Nacional Electoral. Sin embargo, antecedentes judiciales muestran interpretaciones diversas sobre el corrimiento de candidatos y la protección de la paridad, lo que añade complejidad al debate.

La Junta Electoral convocó a una audiencia urgente para el 8 de octubre, donde todas las fuerzas políticas y autoridades discutirán la viabilidad logística, financiera y jurídica de la reimpresión. La decisión final buscará equilibrar la normalidad del proceso electoral con el respeto a la legalidad y la equidad entre las fuerzas políticas.

El caso pone en evidencia los desafíos institucionales y económicos que enfrenta el sistema electoral argentino, especialmente en contextos de cambios imprevistos en las listas de candidatos. La resolución de la Justicia Electoral será clave para definir el rumbo del proceso y sentar precedentes para futuras elecciones.