El Gobierno nacional incluyó en septiembre de 2025 a varios miembros de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo (RePET), una decisión que generó un fuerte rechazo por parte de la comunidad y sus defensores legales. La medida, que afecta a personas vinculadas a la ocupación de tierras en Villa Mascardi entre 2017 y 2022, provocó el cierre de cuentas bancarias, la cancelación de billeteras virtuales y la suspensión de asignaciones sociales, incluyendo pensiones por discapacidad para menores.

Entre los integrantes incorporados al registro figuran Matías Santana, conocido como el "mapuche de los binoculares", Luciana Jaramillo, Joana Colhuan, Jessica Bonefoi, María Nahuel y Facundo Jones Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), quien permanece detenido en una cárcel de máxima seguridad. La inclusión de la comunidad Lafken Winkul Mapu se suma a la de otras agrupaciones mapuches previamente incorporadas al registro, como la RAM, en el marco de una política de seguridad que ha sido objeto de controversia desde 2017.

La Gremial de Abogados y Abogadas, que representa a los afectados, convocó a una conferencia de prensa para denunciar lo que consideran "una de las más graves persecuciones que se haya vivido contra las comunidades de pueblos originarios en este período democrático". Según sus declaraciones, la medida estatal constituye una persecución "supremacista y absolutamente criminal" bajo la sospecha de terrorismo, y advierten que podría extenderse a otros colectivos considerados obstáculos para la política oficial.

El conflicto por tierras en Villa Mascardi, ubicado a 35 kilómetros de Bariloche, ha estado marcado por reclamos de preexistencia ancestral mapuche, que no han sido reconocidos oficialmente. La ocupación de predios públicos y privados por parte de la comunidad entre 2017 y 2022 derivó en condenas judiciales por usurpación y en episodios de violencia, incluyendo el asesinato de Rafael Nahuel en 2017 durante un operativo de Prefectura Naval Argentina.

El Gobierno sostiene que la inclusión en el registro responde a hechos de usurpación y vandalismo, mientras que organizaciones sociales y referentes mapuches rechazan la criminalización y advierten sobre el impacto en derechos humanos y sociales. El debate público continúa en torno a la legitimidad de la medida y sus consecuencias para las comunidades originarias y otros sectores sociales.