La investigación por la muerte de más de 50 pacientes a causa de fentanilo contaminado dio un giro decisivo en los últimos días, con la realización de al menos 22 allanamientos simultáneos en domicilios y empresas vinculadas al laboratorio HLB Pharma y al clan García Furfaro. Los operativos, ordenados por el juez federal Ernesto Kreplak y ejecutados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, se llevaron a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, Ramallo, San Nicolás, Santa Fe y otras localidades de la provincia de Buenos Aires.

Durante los procedimientos, las fuerzas federales secuestraron armas sin documentación, computadoras, teléfonos celulares, documentación relevante y medicamentos que debían estar bajo resguardo en los laboratorios. Parte de los medicamentos, entre ellos ampollas de fentanilo, fueron hallados en depósitos no autorizados, lo que refuerza las sospechas sobre irregularidades en la cadena de producción y distribución.

El caso, que ya suma al menos 53 muertes y decenas de pacientes afectados por la contaminación con bacterias Klebsiella pneumoniae MBL y Ralstonia Picketti, involucra a los hermanos García Furfaro, propietarios de HLB Pharma, Ramallo y la droguería Alfarma. La investigación también apunta a posibles desvíos de medicamentos al mercado ilegal y a una red de protección política y judicial que habría facilitado la operatoria de las empresas durante años.

El Ministerio de Salud de la Nación fue aceptado como querellante en la causa, reforzando la intervención estatal para esclarecer los hechos y garantizar la protección de la salud pública. Por su parte, la familia García Furfaro niega las acusaciones y denuncia una campaña de desprestigio, asegurando que sus laboratorios cumplieron con todos los protocolos de calidad exigidos por las autoridades regulatorias.

El escándalo estalló en mayo, tras la denuncia de la ANMAT y el Hospital Italiano de La Plata, donde se registraron las primeras muertes. Desde entonces, HLB Pharma y Ramallo fueron inhabilitados y la Justicia avanza en la recolección de pruebas para determinar responsabilidades penales. Hasta el momento, no hay imputados ni detenidos, pero la causa sigue abierta y se esperan nuevas definiciones en los próximos días. El caso ha puesto en el centro del debate la necesidad de fortalecer los controles sobre la producción y distribución de medicamentos en el país.