La ciudad de Córdoba dio un paso decisivo en la regulación de las aplicaciones de transporte como Uber, DiDi y Cabify, tras la aprobación de una ordenanza en el Concejo Deliberante. El proyecto, que fue debatido intensamente durante semanas, recibió el respaldo de 28 concejales, mientras que dos votaron en contra y uno se abstuvo. La nueva normativa establece un marco legal para el funcionamiento de estas plataformas, que hasta ahora operaban en un contexto de inseguridad jurídica y conflicto con los servicios tradicionales de taxis y remises.

Uno de los puntos más controvertidos fue el artículo 9, que en su versión original proponía un cupo máximo de vehículos habilitados. Finalmente, se optó por eliminar el límite fijo y facultar al Departamento Ejecutivo municipal para establecerlo en función de la demanda y la densidad poblacional. Esta decisión fue celebrada por representantes de las aplicaciones, quienes consideran que un cupo rígido habría restringido la oferta y encarecido el servicio para los usuarios.

La ordenanza exige que las plataformas tengan domicilio fiscal en Córdoba y tributen Ingresos Brutos, además de inscribir a los conductores en un registro digital, exigir licencia profesional y seguro, y limitar la antigüedad de los vehículos a diez años. También se establece una tarifa mínima igual al boleto del transporte urbano, aunque se permite la aplicación de tarifas dinámicas.

La sesión estuvo marcada por la movilización de taxistas y remiseros, quienes protestaron en las inmediaciones del Concejo Deliberante exigiendo la inclusión de un cupo y la protección de sus fuentes de trabajo. Hubo incidentes y forcejeos con la policía, reflejando la tensión que genera la competencia entre los sistemas tradicionales y las nuevas tecnologías.

Desde el oficialismo y la oposición se destacó la importancia de regular una actividad que ya forma parte de la vida cotidiana de los cordobeses. "Era imprescindible dar un marco legal claro a las apps de movilidad. No podíamos seguir dejando a choferes y usuarios en un limbo jurídico que generaba desprotección y ponía freno a la innovación", señalaron desde la UCR. Por su parte, Uber celebró la apertura al diálogo y la legalización del servicio, comprometiéndose a apoyar a los conductores.

El intendente Daniel Passerini tendrá ahora la responsabilidad de reglamentar la ordenanza y definir los detalles de su implementación, incluyendo la posible incorporación de cupos y otras condiciones. El debate sobre el equilibrio entre innovación, competencia y protección laboral continúa, mientras los distintos sectores esperan que la nueva regulación aporte soluciones y estabilidad al sistema de transporte de la ciudad.