Karina Milei y Mauricio Macri concretaron esta semana una alianza electoral entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO, que se extiende a la Ciudad de Buenos Aires y otras siete provincias. El acuerdo, sellado tras negociaciones reservadas y una reunión privada en la residencia de Olivos, busca fortalecer la posición oficialista en el Congreso y garantizar la gobernabilidad frente al kirchnerismo y otros sectores opositores.

El pacto otorga al PRO dos lugares "entrables" en la lista de diputados nacionales por la Ciudad, aunque no en la de senadores, lo que evidencia una posición subordinada dentro de la alianza. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, emerge como figura central y posible candidata al Senado, consolidando su influencia en el oficialismo. "El PRO cerró un acuerdo para acompañar el cambio que está en marcha en todo el país", expresó Mauricio Macri en redes sociales, mientras Karina Milei destacó el compromiso de ambos partidos para defender el plan económico y la batalla cultural en el Congreso.

La negociación incluyó vetos y definiciones de candidaturas. Karina Milei ejerció su poder de veto sobre Jimena de la Torre, mientras que Fernando de Andreis se perfila como apuesta segura del PRO. El acuerdo generó malestar en algunos sectores del PRO y dudas sobre la autonomía de sus dirigentes, aunque la mayoría reconoce la necesidad de unir fuerzas para evitar nuevas derrotas electorales.

El contexto político muestra al PRO debilitado tras derrotas recientes en la Ciudad y a LLA buscando ampliar su base parlamentaria. El acuerdo responde a la fragmentación opositora y la baja participación electoral prevista en Buenos Aires. Analistas señalan que la alianza es pragmática y que Patricia Bullrich se posiciona como la gran ganadora, asumiendo responsabilidades políticas que exceden su cartera ministerial.

El Gobierno, por su parte, aspira a tener mayoría propia en ambas cámaras y negocia con gobernadores para evitar nuevos reveses legislativos. El entorno presidencial concentra poder y percibe cualquier capital político propio como potencial amenaza, lo que abre interrogantes sobre la gobernabilidad interna y el equilibrio de fuerzas hacia 2027. El acuerdo, aunque celebrado públicamente, deja abiertas tensiones y desafíos para ambos espacios políticos en el futuro inmediato.