La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York se pronunciará este martes sobre el futuro de YPF, la petrolera estatal argentina, en un fallo que podría obligar al Estado argentino a entregar el 51% de las acciones de la compañía como parte de la indemnización por la expropiación realizada en 2012. La jueza Loretta Preska había ordenado previamente la transferencia de los títulos como pago de una sentencia de US$16.100 millones, cifra que con intereses asciende a US$18.000 millones.

El Gobierno argentino, a través de la Procuración del Tesoro, apeló la decisión y obtuvo una suspensión temporal, mientras la Cámara de Apelaciones analiza si mantiene la medida, la levanta o exige otra garantía. Guillermo Francos, jefe de Gabinete, calificó la entrega de acciones como "incumplible" y recordó que cualquier venta de acciones estatales requiere aprobación legislativa por mayoría especial.

Burford Capital, fondo que adquirió los derechos del litigio, intensificó la presión sobre Argentina y busca demostrar que el Estado y YPF actúan como un "alter ego", lo que podría habilitar el embargo de otros activos estatales. El fallo de la Corte de Apelaciones podría derivar en desacato si Argentina no cumple, con posibles sanciones económicas y restricciones internacionales.

El caso genera preocupación en el mercado financiero argentino, que observa con cautela el impacto potencial sobre la economía y la política exterior. El Gobierno mantiene la estrategia de litigar hasta la última instancia y, en caso de un fallo adverso, recurriría a la Corte Suprema de Estados Unidos. La decisión de la justicia norteamericana marcará el rumbo del litigio y podría influir en la confianza de los inversores extranjeros en un momento crítico para el país.