Una mujer de 50 años fue rescatada en la localidad de Despeñaderos, Córdoba, tras permanecer presuntamente más de 20 años en condiciones de abandono y servidumbre dentro de su vivienda familiar. El caso, que salió a la luz gracias a una denuncia anónima, generó conmoción en la comunidad y derivó en la detención de su esposo y una de sus hijas, acusados de abandono agravado. Otros tres hijos fueron imputados, aunque no se ordenó su detención.

Según el fiscal de Alta Gracia, Alejandro Peralta Otonello, la víctima fue hallada en estado de shock, con un deterioro físico extremo y desnutrición. "Estaba prácticamente encerrada y no podía salir a la calle", detalló el funcionario judicial. Fuentes médicas indicaron que la mujer presentaba un cuadro físico y psiquiátrico delicado, por lo que permanece internada en el Hospital Arturo Illia de Alta Gracia, recibiendo atención interdisciplinaria.

Vecinos de la zona afirmaron que hacía más de una década que no veían a la mujer y que pensaban que había fallecido. "Hace 10 u 11 años que no la veo, pensé que no salía. No tengo idea si tenía alguna enfermedad", relató uno de ellos. Sin embargo, el hijo mayor de la víctima, David Colazo, desmintió las acusaciones de encierro y violencia. "Mi mamá no estaba en estado de abandono como dicen. Nunca se le negó la alimentación, pero a veces no quería comer. No se quería bañar y era muy difícil obligarla", explicó en declaraciones a la prensa. David, quien es enfermero, aseguró que su madre era paciente psiquiátrica y que la familia intentó ayudarla, pero ella no aceptaba el tratamiento ni la medicación.

El caso reavivó el debate sobre la Ley de Salud Mental en Argentina, especialmente en lo referido a la internación involuntaria de personas con trastornos graves. Marina Charpentier, referente en la temática, reclamó una reforma de la ley para permitir la intervención estatal en situaciones de riesgo. "La familia está tan enferma que no puede ver la anormalidad de la situación en la que viven. El hospital, la escuela y la comunidad deben tener la señal de alerta", sostuvo.

La investigación continúa bajo secreto de sumario, mientras la Justicia busca determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los imputados y el tiempo que la víctima habría permanecido en esas condiciones. El caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y detección de situaciones de vulnerabilidad, así como de revisar el marco legal vigente para la atención de la salud mental en el país.