Juan Pedro Martínez Piedrahita, ciudadano uruguayo residente en Argentina desde hace casi dos décadas, fue deportado el 17 de julio de 2025 en el marco de la nueva política migratoria impulsada por el gobierno de Javier Milei. Martínez, casado con una argentina y padre de tres hijos nacidos en el país, fue detenido cuando intentaba renovar su residencia y DNI, y posteriormente trasladado a Uruguay sin poder despedirse de su familia.

La expulsión se produjo tras la verificación de una condena en suspenso de un año y medio por violación de domicilio, amenazas y desobediencia, dictada en 2021. Según la legislación argentina, solo las condenas superiores a tres años habilitan la expulsión automática, y existen excepciones para padres de hijos argentinos. Sin embargo, la aplicación del DNU 366/2025, que endurece los criterios migratorios, permitió la medida. La familia y organismos de derechos humanos denuncian que la expulsión fue ilegal y que no se consideraron los derechos de los hijos ni se notificó debidamente la orden.

Durante su detención, Martínez permaneció incomunicado durante cinco días y no recibió su medicación habitual. “Me duele mucho toda esta situación, mi familia quedó en Argentina, tengo tres hijos que hoy no tienen a su papá”, declaró tras su llegada a Uruguay. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió la decisión afirmando: “El extranjero que delinque se va”.

El caso ha generado un fuerte debate político y social, tanto en Argentina como en Uruguay. El senador uruguayo Felipe Carballo calificó la medida de “racista y arbitraria”, y pidió la intervención de organismos internacionales. Por su parte, abogados y representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales sostienen que la expulsión contradice fallos de la Corte Suprema y vulnera derechos fundamentales.

La reforma migratoria vigente desde mayo de 2025 ha incrementado las expulsiones de migrantes, con un aumento del 40% respecto al año anterior. El caso de Martínez Piedrahita pone en cuestión el equilibrio entre la aplicación estricta de la ley y la protección de los derechos humanos, y anticipa nuevos debates sobre la política migratoria argentina.