En Bahía Blanca, una denuncia de abuso sexual ocurrida en 2017 derivó en un extenso proceso judicial que culminó con la detención de la denunciante por falsa denuncia. Fernando Pereyra y Joaquín Álvarez, músicos locales, fueron acusados por Fiorella Damiani de haberla violado tras drogarla y alcoholizarla. Sin embargo, pruebas videográficas y pericias médicas presentadas por los acusados demostraron que el encuentro fue consentido y que no había presencia de sustancias en el organismo de Damiani.

A pesar de la existencia de los videos, estos no fueron incorporados al expediente judicial en un primer momento, lo que llevó a la detención de Pereyra y Álvarez en 2021. "Nosotros aportamos videos… ¿Qué videos?", relató Pereyra sobre el desconcierto ante la falta de pruebas en el expediente. Tras varios días detenidos, los videos fueron finalmente presentados y la fiscal Marina Lara confrontó a Damiani, quien no pudo sostener su versión ante las pruebas irrefutables. Los acusados fueron liberados poco después.

La investigación por falsa denuncia contra Damiani se inició más tarde, cuando la fiscal Lara dejó el Departamento de Abuso Sexual. El juez Hugo De Rosa ordenó la detención de Damiani en abril de 2025, aunque fue liberada tras cinco días por tratarse de un delito excarcelable. La causa fue elevada a juicio oral y se espera la fecha del proceso.

El caso puso en evidencia deficiencias en el manejo judicial de pruebas y la presunción de inocencia. Los acusados sufrieron consecuencias sociales y laborales, mientras que Damiani, quien ocupaba un cargo electivo por La Libertad Avanza, fue suspendida tras su arresto. "Pasamos a ser las víctimas", afirmó Pereyra, quien junto a Álvarez demanda al Estado por mala praxis judicial.

El episodio generó debate local sobre falsas denuncias y la necesidad de reformas legales, aunque la repercusión nacional fue limitada. El proceso judicial continúa y se espera que el juicio oral aporte mayor claridad sobre el caso y sus implicancias para el sistema judicial argentino.